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Columnistas
10/10/2016

Crónica de un tiro en los pies

Crónica de un tiro en los pies | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Ricardo Rouvier analiza en este artículo publicado en La Tecla Eñe, las consecuencias políticas, sociales y económicas derivadas de la decisión de introducir cambios en la metodología utilizada por el Indec para el cálculo del índice de Precios al Consumidor en el año 2007, y de discontinuar otras mediciones relevantes. Una crónica que, sin abonar el discurso anti K, pone de manifiesto el efecto boomerang de esas decisiones.

Ricardo Rouvier *

El domingo 2 de octubre, Mario Wainfeld escribió en Página 12, de una manera rotunda y debido a una realidad que explotó a partir de la difusión de la proporción de la pobreza y la indigencia obtenida por el organismo oficial en su nueva etapa, “Nada dispensa al kirchnerismo de la responsabilidad por el desquicio que produjo en el Indec, por abolir la credibilidad del índice de precios al consumidor, por discontinuar otras mediciones. Pero esa falla, tal vez el mayor error de sus tres mandatos, no convalida versos ulteriores”.

El 30 de enero de 2007, la entonces directora del Índice de Precios al Consumidor  del  Indec fue relevada de su cargo luego de que se negara a introducir cambios en el procedimiento de cálculo del índice. Dichas modificaciones se alejaban totalmente de la metodología en vigencia, y se procedió a intervenir de hecho el organismo, aunque sin utilizar la figura jurídica de intervención porque no existió una norma al efecto. Respecto a los beneficios que ocasionó el cambio para el Estado, en ese año algunos estimaban un ahorro de U$S 3.724,5 millones, entre los $ 3.634 millones que evitó que crezca el stock de deuda pública nominada en pesos y ajustada por inflación minorista y los $ 90,5 millones que logró sortear en concepto de intereses, calculados en base al Índice de Precios al Consumidor que registraba una inflación muy por debajo de la real.    

Esto estaba en línea con la decisión del Gobierno de utilizar el impuesto inflacionario, aumento de la liquidez del Estado en desmérito de los ahorros de la población -sobre todo de aquellos que tienen ingresos fijos-, recurriendo a la emisión monetaria y dando marcha atrás en las políticas adoptadas durante los primeros años del gobierno kirchnerista. De este modo se financiaba el gasto público, posibilidad que había estaba vedada durante la convertibilidad. Sobre el escenario económico del 2008 se desplegaba el final de los superávit mellizos, un logro central de los primeros años de Néstor Kirchner; el superávit comercial se manifestaba más en forma monetaria que en volumen de exportaciones, mientras las importaciones crecían. El incremento de las compras en el  exterior reflejó una pérdida de competitividad de las industrias, debido al retroceso del tipo de cambio real y a las inversiones insuficientes para compensar la caída del sostén cambiario.

En la primera visita de Néstor Kirchner a la nutrida Asamblea de Carta Abierta en el 2008, una  ex técnica del Indec, ya jubilada entonces, le preguntó por qué se había producido esa “intervención”. El ex presidente le señaló que debido a las filtraciones de información reservada hacia consultoras privadas.  Hubiera correspondido, entonces, iniciar un sumario al respecto, pero nunca se efectivizó la denuncia por parte del gobierno.

Acuciado por la falta de credibilidad de los índices del Indec y las contradicciones producidas por las estadísticas generadas por los IPEC (direcciones de estadística provinciales), sobre todo del que mide la inflación, y la repercusión de que este índice se convierta en indicador para obtener otras estadísticas (como la de pobreza por ejemplo), el gobierno entendió que debía hacer algo.

En el 2010, con la gestión de Amado Boudou se publicó, aunque con poca difusión, una evaluación realizada por un grupo de universidades  públicas (UBA, Tucumán, Mar del Plata, Rosario y Tres de Febrero) sobre la calidad de las estadísticas del organismo.  El informe fue lapidario y murió en un cajón de la Presidencia de la Nación.

En la relación entre el Estado y el sindicalismo, las estadísticas oficiales establecían un obstáculo ya que achataba los parámetros del costo de vida en la demanda salarial.  Montados sobre la falta de credibilidad de los datos, fue que la dirigencia sindical empezó a cuestionar y basarse en otras estimaciones. El Indec dejaba de cumplir la función por la que había sido creado. Por este motivo es que Cifra de la CTA avanzó en poner a disposición sus propias estadísticas, que no coincidían con las oficiales.

En el 2011, la institución financiera repudiada históricamente por su conducta hegemónica, el FMI, que había efectuado críticas a la labor del Indec en un informe del 2010, fue invitada por el gobierno a la elaboración de un nuevo índice de precios. Hecho injusto para los buenos técnicos que había en el organismo o fuera de él, pero todos comprendieron que era una manera de perder tiempo y darle alguna satisfacción al organismo rector. El fuerte desendeudamiento del 2005, que ha sido un paso significativo para contar con mayor independencia del organismo internacional, se veía mal expresado en esta subordinación técnica.

La falta de publicación de información sobre pobreza e indigencia, provocó un pedido de amparo presentado por la diputada Victoria Donda a la jueza María José Sarmiento, que envió un escrito al Ministerio de Economía indicándole que entregue las cifras oficiales sobre la situación de ambos indicadores. La respuesta de la oficina de Legales del Ministerio aseguró que no podía entregar esa información porque la medición no se realizaba desde el 2013. El Indec continuaba por fuera de sus objetivos institucionales.

Perón, desde sus comienzos, interpretó la importancia de contar con un sistema estadístico nacional (SEN) que brindara información estratégica en función del planeamiento. Desde el Consejo de Posguerra impulsó el planeamiento que los liberales veían como influencia fascista primero y stalinista después. El titular del organismo fue el mismo Perón, y completó la iniciativa  con el decreto de 1944 que fundaba la Dirección de Estadística. Años después, en 1968 y bajo la dictadura de Onganía, se efectivizó la ley que creó el Instituto Nacional. El papel estratégico de la institución tiene que ver fundamentalmente con la apreciación de la información económica y social para la elaboración de planes de desarrollo. Esta creación fue complementada luego con Arturo Frondizi en la inauguración del Consejo Nacional de Desarrollo, y que hoy es casi inexistente por el predominio del coyunturalismo defensivo, frente al poderío capitalista a nivel planetario, y que tiene como una de sus características más salientes el planeamiento de las multinacionales.

La manipulación institucional que afectó series estadísticas fundamentales, tuvo una repercusión internacional negativa de la cual ni nos enteramos, y que siempre ocurre cuando los gobiernos se entrometen en aquello que debería ser intocable: el número que permite describir con objetividad la realidad del país, útil para un gobierno, la clase política, la academia, la investigación. Pero, es verdad que muchos o algunos gobiernos, tienen la tentación de intervenir en estos datos estratégicos para volcarlos a su favor; muy raramente lo llevan a la práctica.

Como bolas de billar chocando entre sí, si está mal medida la evolución del nivel general de precios, se distorsiona la cuantificación de la situación social. Pobreza e indigencia pasan a ser números absolutamente irreales y muy por debajo de lo que marca la cruda realidad. No obstante, es importante aclarar que hay varias formas de medir pobreza; algunas enfatizan más en los ingresos, otras en la estructura de consumo, y la más compleja y mejor es la que considera otras variables como el hábitat, la educación y la salud.

Esta crónica acabó al difundirse el 32,2% de pobreza, que fue una interpelación hacia el presente y hacia el pasado. Al presente, develando que la pobreza crece a raíz de la política socioeconómica del gobierno de Macri (1.400.000 más de pobres según el Observatorio de la UCA); y hacia el pasado, porque entre el 2007 y el 2015 es factible demostrar que la pobreza e indigencia crecieron, aunque tomando de punta a punta el período 2003/2015 la proporción decreció sensiblemente. Pero este descalabro estadístico ocultó las tendencias, con daños irreparables como las series que se han perdido. Hoy, si el Indec quiere comparar consigo mismo datos del IPC o pobreza en relación al año pasado no puede hacerlo. Hay que unir al Indec con los datos precedentes de la UCA o de CIFRA de la CTA, con metodologías diferentes.

Las idas y vueltas de las opiniones oficiales de entonces, con respecto al prestigio del Observatorio Social de la UCA, indican una posición oportunista, como también las excusas que se pusieron para justificar lo injustificable, no medir la pobreza y la indigencia. La metodología de la UCA tiene, comparativamente con la medición del INDEC antes o ahora, un sesgo hacia arriba, esto quiere decir que es seguro que el número de pobres e indigentes sea menor, no muy menor, pero menor al real. Este sesgo está aclarado en la introducción a la metodología del propio Observatorio, debido a una cuestión de los parámetros que definen las categorías. La ausencia del Indec es lo que consolidó como fuente este programa sistemático de la UCA.

La creciente incredulidad de la población respecto a las estadísticas oficiales favoreció la aparición en escena de las estadísticas privadas como el Índice Congreso sobre Precios al Consumidor, elaborado por consultoras que carecían de la infraestructura suficiente para hacer un estudio de tal envergadura. O sea, que paradójicamente, mientras se enfatizaba la importancia del Estado en la economía del país, se lo devaluaba como fuente informativa estratégica al servicio del planeamiento económico y social. El uso político que hizo la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de estos datos, reveló que la “cuestión Indec” adoptaba una importancia desmesurada en relación a lo que estaba en juego, y se convertía en una  concesión gratuita a los adversarios.

En esta crónica hemos dejado de lado muchas declaraciones oficiales u oficiosas de los últimos años debido a que es fácil criticarlas y no es intención de esta nota aportar al regodeo de la comunicación anti K. Las necesidades políticas impulsaron este mecanismo de ocultamiento. La pregunta es si los resultados de estas operaciones fueron eficaces, primero para el país, y segundo para los gobiernos kirchneristas. Si uno pudiera metaforizar estos movimientos, parece que lo más efectivo sería calificarlo como un boomerang.

 

www.lateclaene.com.ar



(*) Lic. en Sociología. Dr. en Psicología Social. Profesor Universitario. Titular de R.Rouvier & Asociados.

29/07/2016

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