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Columnistas
25/09/2016

Sobre la violencia estatal en democracia

Todos tus muertos

Todos tus muertos  | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.
Foto: David Pablo Sánchez

El reciente balazo de un policía contra un manifestante en Neuquén, obliga a reflexiones indispensables. La autora reseña que, durante protestas sociales en la etapa democrática, al menos 45 personas fueron asesinadas por las armas de quienes representan el poder del Estado.

María Beatriz Gentile *

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Hace unos días Rubén Bastidas -delegado de Desarrollo Social del gremio UPCN- recibió una bala de plomo disparada a menos de un metro, por un policía neuquino. El contexto: un reclamo de los trabajadores en la sede local del ministerio de Seguridad, Ambiente y Trabajo.

Salirse de lugares comunes para hablar de esto no es fácil. Siempre está la tentación de ver quien inició el conflicto. Si fue el manifestante callejero o el joven que escapó y no acató la orden de detención, se justificará el disparo de un arma de fuego como una “desagradable tragedia”. Claro que la desproporción que existe entre violentarse a los golpes o hacerlo con una pistola nueve milímetros en la cintura y estar legitimado para usarla, se supone que no hay que explicarla.

Lo que más preocupa es que no se haya aprendido nada. Después de las muertes de Víctor Choque (Tierra del Fuego, 1995); Teresa Rodríguez (Neuquén, 1997); Ojeda y Escobar (Corrientes, 1999); Aníbal Verón (Salta, 2000); en 2001: 17 en Buenos Aires, 8 en Santa Fe, 3 en Corrientes, 3 en Córdoba, 2 en Entre Ríos, 1 en Tucumán, 1 en Río Negro; luego Kosteki y Santillán (Buenos Aires, 2002); Luis Cuellar (Jujuy, 2003); Carlos Fuentealba (Neuquén, 2007); Juan Erazo (Mendoza, 2008), es sabido que las fuerzas de seguridad –provinciales y federales- no deben portar armas letales al momento de hacer frente a la manifestación social.

Seguramente el listado es incompleto, pero lo cierto es que llevamos 45 personas asesinadas por balas estatales en contextos de protesta social en 33 años de gobierno democrático. Más de un muerto por año.

En la Argentina de hoy se ha instalado peligrosamente cierto discurso matón que defiende la mal llamada “justicia por mano propia”. Mal llamada porque si es por mano propia, entonces no es justicia. Un discurso alimentado por los medios de comunicación y por algunos gobernantes, para conformar a una audiencia electoral incómoda y molesta que ve frustrada su expectativa de bienestar económico, y se brota fácilmente con la inoculación de un mensaje tautológico y repetitivo acerca de la violencia de los “otros”.

Esos “otros violentos” son básicamente todos los que generan el conflicto al protestar y disentir, y por lo tanto se naturaliza que la resolución del mismo implica la eliminación física de quien lo provoca. Visto así, el conflicto no es la cifra de 1.165.000 desempleados, sino los 200.000 que llegaron a Plaza de Mayo reclamando el cambio de rumbo en la política económica y social.

Cuando se criminaliza la protesta social, no estamos frente a una “cuestión policial” como se presenta luego de que sucede la tragedia. Se trata de una perspectiva política con la cual se construye y se define que quien reclama por sus derechos está fuera de la ley, y por eso se le aplica un protocolo de seguridad que incluye el uso de la violencia física y de armas de fuego. Si además esa policía no está lo suficientemente profesionalizada y goza de cierta impunidad, las consecuencias son fatales.

El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), junto con la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), elaboraron el primer registro de Violencia Estatal que evalúa el desempeño de las fuerzas de seguridad en los primeros meses del gobierno actual. De 113 casos relevados, entre enero y julio del 2016, el 31% de la violencia estatal ejercida está comprendida en casos de gatillo fácil y represión a la manifestación social.

La provincia de Neuquén no firmó el Protocolo de Seguridad propuesto, en febrero de este año, por la ministra de la Nación, Patricia Bullrich; sin embargo estuvimos muy cerca de elevar la horrible cifra de muertos en contexto de conflicto social a 46. Si realmente se quiere cambiar las cosas, habrá que dejar de usar a la policía para custodiar y hacerse cargo de lo que no resuelve el poder administrador del Estado. Reclamar y manifestarse es un derecho y no un acto criminal.



(*) Historiadora, decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
29/07/2016

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