El Consejo Federal de Derechos Humanos repudió la vigencia de la llamada “Doctrina Chocobar”, surgida a partir de que el gobierno nacional macrista respaldó y alentó a que la Policía dispare sus armas de fuego sin temor a una consecuencia judicial.

Esa fue una de las cuestiones que se conversaron en la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estuvieron el secretario de Derechos Humanos Antonio Curciarello, y la directora de Coordinación Institucional del organismo, Ana Inchaurraga.

El plenario, en referencia a la “supuesta doctrina” surgida a partir del caso Chocobar, repudió cualquier intento de “tergiversar las garantías constitucionales y las buenas prácticas policiales”, e instó al “necesario cumplimiento de los estándares y protocolos de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad en todo su accionar”.

El nombre de la “nueva doctrina de seguridad” -como la bautizó la ministra del área Patricia Bullrich- se debe a Luis Chocobar, el policía que mató al joven Juan Pablo Kukoc. Está acusado de homicidio agravado. Pero el poder político hizo de él una encendida defensa, al punto que el policía fue recibido con honores por el presidente Mauricio Macri.

Después de la promoción de la “doctrina Chocobar” hubo otros casos de gatillo fácil, el más grave de ellos en Tucumán, donde la policía provincial mató de un tiro en la nuca a Facundo Ferreira, de 12 años de edad.

Memoria, Verdad, Justicia

Durante el encuentro del Consejo Federal, además, se ratificó, en el mes del 42° aniversario del último golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, el “compromiso irrestricto” con la Memoria, Verdad y Justicia, y de “trabajar por el fortalecimiento de nuestra democracia, en donde el Nunca Más sea una realidad”.

En el documento final, los integrantes del Consejo expresaron su “preocupación en que las prisiones o ‘libertades’ domiciliarias se constituyan en nueva forma de impunidad de la Argentina”. Varios de los beneficiados por esta medida son represores condenados por delitos de lesa humanidad.

El Consejo destacó la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, en su 40 aniversario, y el trabajo coordinado con la CONADI, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

Además, se expresó el deber de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, y su real y efectivo ejercicio, y la implementación de los protocolos de interrupción legal del embarazo en todas las jurisdicciones del país y la necesidad de que en el Congreso se dé un debate responsable, amplio y participativo, y que incorpore el enfoque de derechos humanos para el tratamiento de la legalización del aborto en la Argentina.