Luego de una fuerte presión social y de la ofensiva de la oposición por la difusión de una cuenta en el banco de Andorra con 1,2 millones de dólares a nombre del actual subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan debió renunciar a su cargo.

El asesor del presidente Mauricio Macri, tenía una relación empresaria de años con el actual mandatario, que trascendió a lo político en el momento que Macri como jefe de gobierno porteño, lo nombró Director General de Promoción turística de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haberlo mantenido como asesor por varios meses en 2012.

Fue precisamente en el año 2012, donde según los documentos públicos del Banco de Andorra se inició la apertura de dicha cuenta a nombre del funcionario. La investigación que llevó adelante el diario El País de España, narra que la cuenta estaba a nombre de la sociedad "Line Action", una empresa radicada en Gran Bretaña, pero donde sus movimientos de fondos eran triangulados y depositados en Andorra. Gilligan era accionista y director de la sociedad, pero sin embargo, nunca la declaró ante la Argentina, ni la empresa, ni la millonaria cuenta que poseía a su nombre.

En su defensa, el funcionario llegó a decir que “no tengo porque declarar las cuentas de las sociedades en Afip porque pagaba impuestos en Gran Bretaña”. La desnuda y casi pueril defensa que el funcionario hizo sobre el ocultamiento de su dinero, hizo que los principales aliados del PRO en el gobierno, la UCR y la CC pidieran su renuncia.

Las complicaciones del caso y los agravantes vinculados a las declaraciones de Gilligan, llevaron a que desde la Casa Rosada, se tome la decisión de pedirle la renuncia.

Es que en un exceso de infantilismo, Díaz Gilligan había sostenido que “la cuenta la abrió para hacerle un favor a un amigo” y que el dinero, no le pertenecía a él, sino a Francisco “Paco” Casal, un empresario futbolístico uruguayo.

Desde el Frente para la Victoria, el diputado bonaerense Rodolfo Tailhade presentó una denuncia penal el funcionario, para que se le investiguen los delitos de lavado de dinero y omisión maliciosa en las presentaciones de sus declaraciones juradas. No obstante, la denuncia del diputado cayó en manos del juez Claudio Bonadío.

Quien tiene el otro rol investigador sobre la omisión del funcionario Pro en sus declaraciones juradas es la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, designada en el cargo por el presidente Mauricio Macri.

En su carta de renuncia, el funcionario de Cambiemos afirma que se encuentra atrapado en un “debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la vida privada”.

Y además, en su carta de renuncia por ocultamiento de más de un millón de dólares en el exterior asegura que: “mantengo las convicciones de que nuestro espacio representa la verdadera posibilidad de transformación y desarrollo que Argentina necesita para las próximas décadas”.