El presidente Mauricio Macri firmó el decreto 27/2018, que entre sus 189 artículos modifica más de 140 leyes, funciones y estructuras del Estado. Las reformas aprobadas unilateralmente por el Ejecutivo tuvieron una escasa y benévola cobertura de los medios afines al gobierno.

Sin embargo, distintos sectores de la oposición comenzaron a agruparse y a manifestar profundas críticas al "decretazo", por vulnerar la división de poderes, debido a que las reformas que realiza son competencias atribuidas constitucionalmente al Congreso de la Nación.

El abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, sostuvo que el decreto presidencial “es un golpe de Estado perpetrado desde el gobierno porque subvierte la institucionalidad. La Constitución prohíbe taxativamente al gobierno asumir funciones legisferantes bajo pena de nulidad insanable y absoluta, es decir la descalificación más fuerte para cuando el Poder Ejecutivo pretende asumir funciones de legislador”.

Barcesat explicó que “a través de decretos solo estipulados para cuestiones de necesidad y urgencia, no se puede seguir el trámite de debates y sanción de leyes que corresponden al Congreso”. Para el constitucionalista, lo que no quiere el Ejecutivo “es debatir esta inmundicia constitucional”.

Afirmó además que se trata de una “subversión del orden institucional y del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional”. “Hay que promover iniciativas institucionales tanto en el Congreso como ante el Poder Judicial para frenar este decreto que acaba de perpetrarse en forma casi clandestina”, afirmó.

El líder de la bancada del Frente para la Victoria en la cámara de diputados, Agustín Rossi, manifestó por su parte que propondrá la derogación del decreto. “Está claro que el presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento y saca este decreto con la excusa de desburocratizar el Estado", sostuvo el legislador.

Para Rossi, "el oficialismo tiene una mayoría inestable en términos políticos, y por eso va a tratar de limitar la actividad parlamentaria, pero nosotros, junto con el bloque, Vamos a rechazar el DNU ómnibus por inconstitucional e invalido por las formas y porque regula sobre competencias atribuidas constitucionalmente al Congreso”.

También la ex diputada y aliada de Sergio Massa, Margarita Stolbizer, afirmó que pedirá a la Justicia que declare "inconstitucionalidad" del decreto, por considerar que "afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes".

La ex diputada por el GEN, señaló que “Macri pretende prescindir del Congreso. Y encima ya vemos quien le está dictando los decretos. Nos merecemos un mejor gobierno y una mejor oposición”.

De esta manera, y a horas de que la CGT le baje el pulgar definitivamente al proyecto de reforma laboral, de que el peronismo comience a reencontrarse y de que los opositores más débiles, se pongan más fuertes, el gobierno deberá repensar la convocatoria a sesiones extraordinarias de febrero, y el rumbo de su accionar político de cara al 2019.

Informe: Agustín Mozzoni