La OMC es un organismo multilateral que se autodefine como aquel que se ocupa de establecer y administrar las normas comerciales que rigen el comercio internacional. Nació en 1995, en el apogeo neoliberal y busca llevar la agenda liberal a todo el mundo para abaratar la fuerza de trabajo global a través del libre comercio.

En las reuniones de la interministerial de la OMC funciona la llamada “sala de al lado”, que sirve de consulta, en aquellos casos en que los ministros o funcionarios tengan dudas acerca del proceder sobre alguna de las negociaciones o discusiones que se está tratando en el recinto. La “sala de al lado”, es ocupada por miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.

Esa práctica común, que se viene llevando adelante en las distintas reuniones de la OMC, ha sido alterada por el gobierno argentino, quien prohibió el ingreso al país a aquellas ONG y líderes globales que habían realizado manifestaciones en contra de la cumbre y del gobierno argentino.

Desde la OMC se han distanciado de esa decisión indicando que se trata de una acción y decisión unilateral del gobierno argentino. La Argentina le retiró la acreditación a las organizaciones para que no puedan acceder a la reunión interministerial, además les recomendó a los líderes que no vengan a la Argentina por que no iban a poder ingresar al país y generó una lista de 64 diplomáticos pertenecientes a 18 organizaciones a las que se les impedirá ingresar al país.

Como un reflejo de ridículas explicaciones para prohibir el ingreso de activistas, la Cancillería emitió un comunicado en el que confirma que investigó cuentas personales de redes sociales para tomar la decisión.

Desde el Centro de investigación Política y Económica de Estados Unidos (CEPR) la directora de Programas Internacionales, Deborah James, advirtió que se trata de una medida sin antecedentes en la historia de la organización, y caracterizó el accionar del gobierno argentino como "represivo, contrario al diálogo y al debate público".

El primero de los deportados fue el noruego, Petter Slaatrem Titland, quien escribió en su cuenta de twitter: “Me echan de la Argentina sin argumentos. Lo único que me dijo una persona de seguridad fue que no me permitían ingresar por lo que dice en el sitio web de mi organización. Pregunté qué parte de la página consideraban violenta y no respondieron. Es absurdo”, explicó Titland.

El activista noruego lidera un grupo que logró repatriar miles de millones de dólares fugados de Noruega a paraísos fiscales y brega por la aplicación de la tasa Tobin (Impuesto a las transacciones financieras).

También la prestigiosa periodista inglesa-ecuatoriana, Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), fue demorada en Ezeiza por decisión de las autoridades migratorias argentinas al ser parte de la “lista negra” generada por la Agencia Federal de Inteligencia y el ministerio de seguridad de la Nación en relación a sus opiniones contrarias al gobierno argentino. “Es una actitud poco democrática del gobierno de Argentina”, sostuvo la periodista internacional.

A ella, se le sumo la voz de ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Guri Solberg, quien sostuvo que "pedimos disculpas por la decisión argentina de cancelar la suscripción y de denegar la entrada a varios participantes de ONG. Creemos que el diálogo con la sociedad civil es una parte importante de la cooperación internacional. La decisión de Argentina es desafortunada y envía una señal equivocada"

Finalmente y como inicio de lo que prevé ser un nuevo escándalo internacional por la antidemocrática conducta del gobierno argentino, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, sostuvo que “es grave que se allá deportado a periodistas por su línea editorial o por sus opiniones críticas a la OMC en la Argentina”.