Apyme manifestó su rechazo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea “que impulsa el gobierno de espaldas a la sociedad” porque “equivale a una sentencia de muerte para la industria nacional y las Pymes”, y que “solo puede concretarse en condiciones desventajosas para la Argentina”.

Eduardo Fernández, presidente de Apyme, explicó que “los pactos de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea están hechos bajo los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y significa la liberalización de trabas y de protecciones”, y agregó que “es más grave para los países menos desarrollados ya que la comunidad económica europea durante largos años ha desarrollado acuerdos para proteger su producción”.

“La consecuencia va a ser un mayor ingreso de importaciones de productos manufacturados y con la posibilidad de sobrestock por la crisis en países como España, que van a colocar este excedente en Argentina con el riesgo de dumping; ya que las medidas antidumping también quedan sujetas a una flexibilidad mucho más grave”, señaló el empresario y destacó que “hace temer por la producción argentina”.

Para Fernández, con este acuerdo se va a ver afectada “la industria manufacturera local” ya que “los productos que se podrían exportar son productos protegidos en el marco de la comunidad económica europea”, como por ejemplo “productos lácteos o de tipo regional, que tienen barreras de protección y que la Unión Europea ya dijo que no está dispuesta a bajar”.

El gobierno nacional va a intentar firmar el acuerdo con la Unión Europea antes de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se va a realizar en Buenos Aires entre el 13 y el 16 de diciembre. 

Desde Apyme advirtieron en un comunicado que “el acuerdo está en línea con el objetivo general de la OMC, es decir, desarticular las políticas soberanas que permitan a los países más débiles corregir las asimetrías con los más desarrollados en el intercambio comercial, favoreciendo los negocios y el  abaratamiento de costos de las grandes multinacionales”.

Fernández señaló que el acuerdo “impulsado por el gobierno de Michel Temer de Brasil y el gobierno argentino” por el lado del Mercosur, tiene “carácter secreto”; y enciende un “signo de alerta para la pequeña y mediana empresa” por el conocimiento previo “que impone la OMC y que va a ser firmado como condición y como uno de las exigencias de los organismos internacionales de crédito”.

Esta semana, Mauricio Macri lanzó “Exporta Simple”, una herramienta impulsada por la secretaría de Comercio que busca la eliminación de trámites aduaneros para vender al exterior y que fue presentado, según palabras del presidente, para que “nuestras pymes se multipliquen, que crezcan, que cada una de esas ideas tengan un camino para su desarrollo”.

Según el presidente de Apyme, “todas las medidas para facilitar las exportaciones y el sector pyme son bienvenidas” pero Exporta Simple tiene “una significación bastante limitada”, y “suena paradójico, en el momento en que se están abriendo todas las posibilidades de importación, que las medidas para la exportación queden limitadas a artículos muy puntuales con bajo valor agregado”.

“Tiene un alcance acotado”, reiteró y argumentó que “de 15.000 pymes que exportaban hace 5 años ahora quedan 9.000 y lo que se facilita es la venta a través del correo con un límite de hasta 300 kilos”.

Reformas del gobierno

“Los planteos de reforma llevados al parlamento, en general son una profundización de políticas ya aplicadas, como obtener competitividad a partir de baja de costos laborales y atacar el déficit recortando gastos, que en este caso van a ser de los jubilados”, definió Fernández y dijo que “el resultado directo es que estas dos reformas significan menor poder adquisitivo en los ciudadanos y por lo tanto menor mercado interno; y las pymes vivimos del mercado interno”.

Apyme destacó en el comunicado que las pequeñas empresas que “producen localmente y abastecen mayormente al mercado interno, se ven cada vez más perjudicadas por la caída de la demanda, las importaciones indiscriminadas y la desigual situación impositiva respecto de las grandes empresas, que son las que imponen precios y condiciones en las cadenas de valor”.

Y criticaron el “reformismo permanente que predica el gobierno” porque implica un “programa de ajuste y desindustrialización en consonancia con los requerimientos de la OMC y el FMI”.

“La flexibilización laboral, el pacto fiscal, la reforma previsional, las modificaciones tributarias y otras leyes que se debaten tienen un común denominador: mayores desregulaciones y beneficios para las corporaciones locales y extranjeras, en perjuicio de los sectores más vulnerables,  las Pymes, las economías regionales y los trabajadores”, concluyeron.