El abogado y referente en la defensa de los derechos humanos Marcelo Parrilli, afirmó que “aún en la hipótesis del gobierno, de que Santiago Maldonado se ahogó, no deja de ser esto una desaparición forzada seguida de muerte”, y agregó que “es un caso que encuadra claramente en el artículo 142 de nuestro Código Penal, que recoge los tratados internacionales en esta materia”.

Para Parrilli, la idea de dar por terminada la causa “es una línea oficial del gobierno desde que comenzó la autopsia, más allá de lo que el gobierno hizo o no hizo anteriormente” y se refirió a que luego de la autopsia, “no se podía dar ningún resultado, y el juez Lleral pocas horas antes de la elección ya empezó a sembrar el camino hacia la muerte supuestamente accidental de Santiago Maldonado, y totalmente ajena a la responsabilidad del Estado”.

Ayer, a partir de una nota publicada en el diario La Nación que decía que según la autopsia “el cuerpo” de Santiago Maldonado “no fue arrastrado, ni manipulado”,; la familia del joven advirtió en un comunicado que “se construye un escenario para cerrar la investigación”.

“Nos preocupa advertir que, a partir de esas supuestas “conclusiones periciales”, empieza a construirse un escenario propicio al cierre de la investigación”, expresaron los familiares y reiteraron que “la audiencia prevista para el día 24 debe ser el comienzo de una nueva etapa de la causa y no el final”.

En el comunicado, la familia Maldonado aclaró que “las supuestas “novedades” son parte de un acta agregada a la causa, labrada con motivo de la autopsia” y remarcó que pidieron “prudencia y respeto para resguardar la investigación y, una vez más, comprobamos que sólo nosotros cumplimos lo acordado”.

Y pidieron al juez Lleral, a cargo de la causa, “que se aclare formalmente esta circunstancia para frenar las maniobras destinadas a desviar y comprometer la investigación”.

En diálogo con , Parrilli manifestó que no admite “desde el punto de vista jurídico y legal que mañana digan que como Santiago Maldonado se ahogó en el río y nadie manipuló su cuerpo, se cierre el caso y haya sobreseimientos”.

“Acá hubo un operativo absolutamente ilegal de represión donde el Estado tuvo el dominio del hecho”, indicó el abogado y explicó que “la teoría del dominio del hecho es la misma que se ha utilizado para sancionar, por ejemplo, en los crímenes de la dictadura militar genocida, por eso deben responder no solamente los que estaban en el terreno, sino también sus jefes”.

Precisó que “hay que ir hasta Noceti, hasta Patricia Bullrich, porque cuando este tipo de delitos se cometen los que están más lejos del hecho son los que más control tienen, porque dominan el aparato de poder que produce el hecho”.

Entre los puntos que consideró Parrilli, está el hecho de que hubo “un operativo de represión ilegal”, no sólo “por reprimir de esa manera la protesta social”, ya que desestimó el argumento de que Santiago Maldonado “estaba cometiendo un delito” por cortar rutas al explicar que “cortar la ruta es un episodio de protesta social a esta altura aceptado por toda la jurisprudencia y la doctrina”; sino también porque “la represión se prolongó y extendió muchísimo más allá de la fuerza necesaria para hacer cesar el corte”.

“Ya habían desalojado la ruta y siguieron persiguiendo a la gente; entraron a un territorio donde no tendrían que haber entrado y respecto del cual siempre dijeron que no habían entrado, disparando armas con el peligro de causar lesiones o la muerte”, prosiguió Parrilli y aseguró que “en este marco, en un operativo totalmente dominado por Gendarmería, donde el aparato oficial del Estado actúa ilegalmente, Santiago Maldonado termina en el río y ahogado, el estado tuvo el dominio del hecho por lo que no veo que esto no escape a la figura de desaparición forzada, lamentablemente seguida de muerte”.

Parrilli criticó “a todos a aquellos que abren el camino para decir que Santiago se ahogó y esto se terminó”, y aseguró que “hay que empezar a investigar”; porque “acá se negó la desaparición, se dijo que Noceti no estaba en el lugar, se dijo que la Gendarmería no había llegado al río, se dijo que no habían efectuado disparos y todo eso se probó que era mentira; al mismo tiempo que se sembró una campaña nacional de que había un pueblo en el que todos eran iguales a Santiago Maldonado, o fue visto aquí, allá o en otro lado”.

Para el abogado, son muestras “evidentes del ocultamiento y la negativa a dar información, al que también se refiere el artículo 142 del Código Penal”.