La embestida de miembros del Poder Judicial contra el kirchnerismo tuvo ayer otro capítulo, en el final de la campaña electoral, con la orden del juez Claudio Bonadio para que sea detenido el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien por el momento tiene “inmunidad de arresto” por ser diputado nacional. De todos modos el mismo juez hizo detener a Roberto Baratta, quien fue un alto funcionario de ese mismo ministerio.

Ambos están acusados de supuestas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos a los puertos de Escobar y Bahía Blanca, sin licitaciones ni concursos de precios sobre el valor del producto.

La denuncia sobre la cual se basa la investigación había sido formulada en el año 2014 por los entonces diputados nacionales Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Los tres pertenecen a Cambiemos, aunque hoy ocupan distintos puestos: el primero es senador, la segunda ministra de Seguridad, y la última de ellos es la directora de la Oficina Anticorrupción.

Roberto Baratta fue subsecretario de Control de Gestión del ministerio de Planificación cuando años que De Vido dirigía esa cartera. La detención se produjo en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Belgrano, con los canales televisivos y movileros de radio que ya sabían que se iba a producir el hecho, y realizaron una trasmisión en directo.

En el mismo día de final de campaña, aunque las denuncias son de hace tres años, Bonadío solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del actual legislador que fuera ministro de Néstor y de Cristina Kirchner.

Fue el segundo pedido del mismo tipo realizado en la semana, como forma de desgastar las chances electorales del kirchnerismo. El martes había hecho lo propio otro juez federal porteño, Luis Rodríguez, que también ordenó arrestar a De Vido y pidió a la Cámara que le quiten los fueros.

“Una causa sin pies ni cabeza”

En la última declaración indagatoria solicitada por Bonadío, De Vido respondió mediante un escrito había anticipado que se trataba de "una causa sin pie ni cabeza”, y recordó que las compras de GNL fueron necesarias por las “crisis” en las reservas de energía hidroeléctrica, a raíz de la “ola polar que afectó al centro del país en el año 2007”.

“Era necesario, en ese escenario de crisis aparentemente desconocido por la Judicatura, tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una creciente demanda de gas con soluciones rápidas y eficaces”, había aclarado el ex ministro y actual diputado.

Además, esa vez le sugirió al juez federal que "amplíe la investigación al actual ministro Aranguren y la nueva gestión de la empresa estatal Enarsa, ya que continuaron con la compra de GNL", pero con la sospechosa diferencia, agregó, de que “en el 99% de los casos, desde 2016 quien gana las compras es la empresa Shell”, empresa presidida por el propio Aranguren hasta poco antes de asumir como funcionario público.

Bonadío, además de solicitar el pedido de desafuero y la posterior detención del actual diputado, y de meter preso a otro ex funcionario kirchnerista, ordenó también embargar por 1.000 millones de pesos tanto a De Vido como a Baratta, y a otras personas que también ocupaban cargos

En cuanto al desafuero, el oficialismo intentará avanzar sobre este tema en una sesión el próximo miércoles 25 de octubre, y contarán con el apoyo del Frente Renovador, una amplia mayoría del bloque de Diego Bossio, e incluso la izquierda también votará a favor del desafuero, modificando así su votación anterior, cuando no apoyó el desafuero del ex ministro por no existir orden judicial.

Incluso algunos compañeros de bloque del FpV votarían a favor de la medida judicial. El propio presidente del Partido Justicialista y actual diputado José Luis Gioja, adelantó que "si la justicia lo pide, hay que hacerle caso a la justicia". También, entre otros legisladores, la rionegrina María Emilia Soria anticipó que apoyará quitar los fueros al ex ministro.