Cuando aún está pendiente de ratificación por un segundo juez la decisión de enviarla a prisión domiciliaria, y teniendo en cuenta que por la resolución es mandarla a una vivienda sin puertas, ventanas, sanitarios, electricidad ni agua, Milagro Sala les dijo a sus abogados desde le cárcel que “yo no necesito ni un colchón, no necesito ni una canilla. Yo puedo estar en esa casa y quedarme, e incluso dormir parada”, según relató una de sus defensoras.

A su vez, el juez Pablo Pullen Llermanos, que es el segundo de los dos integrantes del Poder Judicial que debe avalar la decisión de otorgar la prisión domiciliaria, inspeccionó esa casa pero dijo que para resolver se tomará “el tiempo que considere necesario”.

Más grave aún, volvió para atrás incluso con lo que dijeron otros jueces y políticos que son responsables de la persecución contra Milagro Sala, como la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone, y el propio gobernador Gerardo Morales, de Cambiemo. Ambos habían reconocido que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era “obligatoria”, pero Pullen Llermanos ahora salió con que no es así.

“Hay interpretaciones de todo tipo, pero yo que soy el juez, entiendo que no es obligatorio” el cumplimiento de lo dispuesto por el órgano principal del sistema interamericano de derechos humanos, según dijo el juez.

En tanto, el equipo de defensa legal de Milagro dio una conferencia de prensa junto con referentes  de derechos humanos como Horacio Verbitsky, en su carácter de presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

En la ocasión, abogada Elizabeth Gómez Alcorta sostuvo que “la prisión domiciliaria en un inmueble destruido y que nunca figuró como su domicilio, es parte de una estrategia del gobierno de Jujuy para perseguir y hostigar a Milagro”.

Explicó que antes de tomar la decisión, el juez Gastón Mercau, ligado políticamente al gobernador Morales, ordenó investigar dos domicilios. “Uno que es el domicilio de Milagro y otro que es un inmueble donde la titularidad corresponde a Milagro", aclaró la abogada.

Indicó también que la defensa brindó un único domicilio de la dirigente "donde es su casa, donde siempre vivió con su compañero", y sin embargo, el juez “pidió investigar y hacer pruebas de seguridad en la otra dirección, que fue absolutamente saqueada y destruida a lo largo de estos 18 meses” en que la líder popular está encarcelada.

Además, Gómez Alcorta dijo que “de los 527 genocidas con prisión domiciliaria, en ningún sólo caso se inspeccionó un domicilio y en ningún caso se lo mando a un domicilio que no fuera su vivienda”.

Horacio Verbitsky explicó que disponer una casa inhabitable para la prisión domiciliaria "es parte de una política de destrucción personal de Milagro Sala por parte del gobierno de Morales".

También aclaró que “la responsabilidad sobre el cumplimiento de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es del gobierno nacional”.

Acerca de los dos jueces que intervienen, Mercau y Pullen Llermanos, el titular del CELS dijo que "están haciendo el juego del juez bueno y del juez malo para ver quién fatiga y humilla más a Milagro. Mercau tiene claro que, a pesar de que no les guste, la cautelar de la CIDH es obligatoria y su cumplimiento no depende de ellos. La responsabilidad es del gobierno nacional”, y en particular “del presidente Mauricio Macri".

A la polémica se sumó también de forma provocadora el fiscal general de Jujuy, Jorge Lello Sánchez, quien sostuvo que la dirigente “tiene que seguir donde está. En prisión preventiva, en el establecimiento carcelario. Porque no tuvo ninguna afectación física ni clínica que amerite el cumplimiento del arresto domiciliario”, dijo el funcionario judicial.