La cámara federal de la capital federal confirmó que no habrá investigación contra Mauricio Macri ante la denuncia de lavado de dinero. Los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron el cierre de la causa dictado en primera instancia por el juez Sebastián Casanello. Lo hicieron por falta de apelación del fiscal de cámara Germán Moldes, quien no continuó con el trámite de otro fiscal federal, Federico Delgado, quien sí había apelado el sobreseimiento.

El caso se refería a la conformación de las sociedades off shore, desenmascaradas por la investigación internacional conocida como “Panama Papers”, y sobre el cual aportó abundante información a la justicia el diputado nacional neuquino Darío Martínez. El expediente pasará al fuero Penal Económico para investigar si hubo un delito de evasión impositiva, pero ya no se tratará de averiguar sobre lavado de dinero.

El escándalo de los “Panama Papers”, mediante el cual se dieron a conocer los nombres de distintas figuras de la política internacional que tenían cuentas secretas o empresas fantasmas en guaridas (paraísos) fiscales, desató un fenómeno de corrupción global en el que varios presidentes y líderes tuvieron que renunciar a sus puestos.

La semana pasada fue el caso del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, quien dimitió después de que la Corte Suprema lo declaró “inhabilitado moralmente” para ejercer el cargo, debido a las revelaciones hechas por los Panama Papers.

El paquistaní se sumó al presidente de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, quien también fue forzado a renunciar cuando los documentos dieron indicaciones de que él y su esposa habían escondido millones de dólares en inversiones en una empresa offshore.

En el caso de la Argentina, a partir de esta misma investigación internacional, se detectaron varias compañías offshore vinculadas tanto al actual presidente como a su entorno familiar y a varios de sus funcionarios.

De Macri, se encontraron casi 50 sociedades pertenecientes al grupo Macri en guaridas fiscales. La mayoría de estas empresas se encuentran en Panamá. Pero también se le han descubierto al grupo de la familia presidencial cuentas en Uruguay, Hong Kong, la Florida y Nueva York (Estados Unidos), Bahamas, Islas Caimán y Dubai.

Frederik Obermaier,uno de los periodistas alemanes en recibir la información, sostuvo en su momento que “el mundo de los paraísos fiscales no es solo un lugar para que los ricos eviten pagar impuestos. Panama Papers demostró que el secretismo de las compañías ficticias podría ser usado también para esconder actividades criminales".

"La presión sobre los paraísos fiscales nunca ha sido tan grande y los Panama Papers han hecho eso. Se han encargado de dirigir el foco de la luz sobre el problema" indicó el investigador periodístico.

El foco de luz en la Argentina

El diputado Darío Martínez, del Frente para la Victoria de Neuquén, fue impulsor de varias denuncias y promotor de las investigaciones junto al fiscal Federico Delgado. Entre otros elementos, descubrieron a las empresas Kagemusha y Fleg Trading, las cuales figuran como propiedad de Mauricio y Franco Macri.

Ante la acusación, el presidente de la Nación declaró a la prensa que no poseía compañías offshore. Ante la evidencia, se desmintió y sostuvo que no había nada extraño en el tema. Luego aseguró que su padre, Franco, lo había nombrado como director pero que nunca había recibido siquiera honorarios por esa función. Incluso, en una ocasión bromeó y sostuvo que “tal vez habría que decirle a mi padre que me dé honorarios por ponerme a cargo de directorios”, dijo sonriendo.

Luego de las denuncias, las desmentidas oficiales y los posteriores reconocimientos, el juez Sebastián Casanello dictó el sobreseimiento. El fiscal Delgado apeló, pero el fiscal Moldes no sostuvo la apelación, Así se llegó a la decisión de ayer en que la Cámara Federal cerró la causa, en plena campaña electoral.

Casanello es el mismo juez que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje telefónico de cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La decisión judicial que benefició al jefe del Estado fue dictada en diciembre de 2015, pocos días después de que asumiera como presidente.