“Frente a los hechos de público conocimiento en la presentación de un informe malicioso del programa Periodismo Para Todos, del animador oficialista Jorge Lanata, repudiamos la utilización violatoria de los derechos de niñas, niños y el adolescentes establecidos en nuestra Constitución Nacional, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522), en la Ley de Protección Integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes (26061) y en los tratados internacionales que se refieren al tratamiento mediático de dicha población”, expresó la Red Argentina No Baja, que se formó para oponerse a la baja de la edad de punibilidad.

Desde el conjunto de organizaciones que conforman la red se sumaron al reclamo para que se resuelvan y esclarezcan “las gravísimas denuncias” realizadas por el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), por la “metodología y el contexto en la que se realizó la entrevista al niño de 11 años”.

El domingo pasado, en el programa televisivo que conduce Jorge Lanata para el Grupo Clarín y que se emite por Canal Trece, se realizó un informe donde uno de los protagonistas fue un niño de 11 años, donde se adjudicaba todo tipo de delitos, entre ellos un asesinato.

La madre del niño confirmó que no autorizó la presencia de su hijo en el programa, y el MTE presentó una denuncia contra el canal por el uso de la imagen que viola leyes y tratados internacionales de los derechos del niño, así como otra denuncia para que se investigue a la Policía y al secretario de Seguridad de Lanús, ya que “hubo coacción para que aparezca en el programa”, dice la fundamentación.

Según la red de organizaciones antes mencionada, los grandes grupos hegemónicos de comunicación avanzan en una postura para “generar el consenso social que prepara el terreno para la baja de edad de punibilidad”.

Destacan que hay “una complicidad con el gobierno y el ministro de Justicia, Germán Garavano, que desoyendo las recomendaciones de la gran mayoría de los expertos que dicen de manera clara que bajar la edad de punibilidad no soluciona nada y que el Régimen Penal Juvenil debe ser modificado pero de acuerdo a los estándares de derechos humanos internacionales y nacionales que están contemplados en nuestra Constitución”.

La Red Argentina No Baja se creó en enero de este año para oponerse al intento oficial de bajar la edad de imputabilidad, inspirada en la campaña que se realizó en 2014 en Uruguay, y participan legisladores, militantes por los derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y especialistas en infancia.

Desde la organización argumentan que bajar la edad de punibilidad de los adolescentes, por un lado “constituye una medida que es ineficaz en términos de solucionar la inseguridad, que incluso empeora la situación en vez de resolverla”, y por otro “es inconstitucional” porque es “regresivo en términos de derechos humanos”, ya que su efecto es “culpabilizar” a los adolescentes “de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal”.

“Es importante que el Estado comience a intervenir para prevenir estos hechos, que no se obtiene desde las áreas penales, que actúan frente a los hechos consumados, sino desde las áreas educativas, desde las políticas que promueven la igualdad y la expansión de derechos”, señalaron desde el espacio

Entre los argumentos que plantean, consideran que bajar la edad de punibilidad no sirve para mejorar la lucha contra la inseguridad porque “es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años”.

Como ejemplo, la Red Argentina No Baja dijo que “un informe del Consejo de la Magistratura de la Capital Federal indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en la ciudad, solo 1 caso fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total)”.