La coalición Cambiemos y aliados como Sergio Massa, entre otros, están decididos a expulsar de la Cámara de Diputados al representante del Frente para la Victoria Julio De Vido, quien fuera ministro de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Para ello deberán reunir dos tercios de los votos en el cuerpo parlamentario, y medios periodísticos afines al oficialismo dan por hecho que ello ocurrirá, probablemente la semana próxima.

La estrategia del antikirchnerismo cuenta como puntal insustituible a los jueces que promueven decenas de acusaciones penales contra miembros del anterior gobierno, los cuales -a su vez- son mostrados ante la opinión pública por las cadenas de medios dominantes como si fueran delincuentes. A partir de causas judiciales armadas y del accionar mediático, los legisladores del oficialismo y grupos afines dicen que De Vido debe dejar de ser diputado “por inhabilidad moral”.

La Constitución Nacional prevé que un legislador puede ser excluido, expulsado o suspendido en sus funciones, en ciertos casos “por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral”, según dice el artículo 66, o bien como dispone el artículo 70, “cuando se forme querella” en su contra “ante las justicias ordinarias (...), examinado el mérito del sumario en juicio público”.

“Ni uno de los temas que me imputan se relacionan como mi rol de diputado”, expresó De Vido en un escrito presentado ayer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, que lo había citado para tratar su situación, y que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes.

“La peor de las imputaciones que me hace la Justicia es ridícula al lado de los Panama Papers, del escándalo del Correo Argentino, del blanqueo de capitales abarcativo a los familiares de los funcionarios, Fly Bondi, Avianca etc. etcétera", manifestó el legislador en su escrito, en clara alusión a los actos de corrupción que apuntan al presidente Mauricio Macri, su familia y varios funcionarios de su gobierno.

“Esto sin tener en cuenta las cloacas de Morón, el contrabando de autos o las escuchas telefónicas que realizaba el actual Presidente a través de la complicidad de juzgados corruptos”, agregó para referirse a delitos comprobados contra el Clan Macri en los años ‘90, de los cuales fueron salvados por jueces afines al menemismo, incluida la Corte Suprema de Justicia de aquella época.

El actual diputado y ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios denunció que sufre “una de las persecuciones más sistemática injusta y meticulosamente organizada” que se recuerde, y recordó que sus fueros parlamentarios “fueron claramente violentados durante semana a semana” desde que ocupa una banca en el Congreso.

“Se llegó al patetismo de hablar de la posibilidad de ser asesinado por lo que eventualmente pudiera decir o manifestar según la Diputada Candidata Asistente del Fiscal Federal de Chaco durante la sangrienta dictadura militar en cuya jurisdicción se llevará adelante uno de los hechos más luctuosos como fue la Masacre de Margarita Belén”. La referencia de De Vido es a Elisa Carrió, legisladora de Cambiemos y candidata a su reelección en el distrito porteño, quien fuera funcionaria judicial chaqueña designada por el régimen de facto cuando recién se recibió de abogada, a fines de los años ‘70.

Discusión en el oficialismo

Ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trató los pedidos de Cambiemos y sus aliados para expulsar a De Vido, pero no consiguió los votos necesarios. Después resolvió pasar a cuarto intermedio hasta el martes, donde esperan lograr el apoyo requerido al menos en esa comisión.

En el interbloque de Cambiemos (Pro, radicalismo y Coalición Cívica/ARI) mostraron sus disidencias Ricardo Alfonsín y Carla Carrizo, esta última una dirigente radical de la Capital Federal que ganó su banca por integrar la lista de Martín Lousteau hace dos años, pero que a pesar de poner reparos aclaró que “apoyará, con disidencia, separar a De Vido con exclusión”.

En cambio, el hijo del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín dijo que "no es aplicable" la cláusula de la Constitución (Art. 66) que se refiere a la remoción de un legislador “por inhabilidad moral”, y que si se lo hiciera se estaría "incurriendo en un acto inconstitucional". De todos modos, se mostró a favor "suspender y desaforar" al ex ministro, lo cual requiere un procedimiento más complejo (Art. 70).

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro-Cambiemos), manifestó su confianza en que la semana que viene lograrán aprobar un dictamen a favor de la expulsión de Julio De Vido del cuerpo.

En caso de no lograr reunir las firmas necesarias, no descartó la posibilidad de avanzar con la suspensión del ex ministro, y sostuvo que "los efectos prácticos de ambas propuestas son iguales".