La persecución judicial y política contra Milagro Sala cobró un nuevo pico de agravamiento ayer, cuando la  Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión dictada en Jujuy por una agresión con “huevazos” contra el entonces senador y hoy gobernador Gerardo Morales, en un episodio donde está probado que la dirigente no estuvo presente, pero los jueces decidieron que los hechos fueron “planeados y organizados” por ella.

Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani avalaron los testimonios de los dos únicos testigos que señalaron a Sala como instigadora del hecho ocurrido en 2009 en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, y cuya investigación fue activada por jueces de la provincia norteña cuando Morales llegó al gobierno.

Uno de los “testigos” en que se basó el fallo en primera instancia y la sentencia confirmatoria de ayer, es un empleado del gobierno jujeño conocido como “Cochinillo” Arellano, quien durante el juicio había negado esa relación laboral y económica con la política que luego fue comprobada, y que incluso días atrás, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Jujuy, se paseó por la gobernación y por un despacho que tiene allí “Freddy” Morales, hermano del gobernador.

El diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de la provincia dictó la condena a tres años de prisión en suspenso contra la dirigente social y diputada del Parlasur, y la misma pena recibió María Graciela López, mientras Gustavo Ramón Salvatierra fue condenado a dos años de prisión en suspenso.

La condena de primera instancia, ahora confirmada por Casación, se basó en los testimonios Arellano y de su esposa, Cristina Chauque. El hombre mintió en reiteradas oportunidades en el juicio: dijo durante las testimoniales que estaba sin trabajo y nunca había trabajado para el Estado, pero se supo durante el correr de las audiencias que era y es un empleado del gobierno de Jujuy, que fue el que lo presentó como testigo.

Tras las apelaciones la causa llegó a la Cámara de Casación, que no hizo lugar a ninguno de los planteos de la defensa de Sala ni al dictamen del fiscal ante la Cámara, Javier De Luca. En cambio, accedió a un pedido de los abogados de Gerardo Morales, que habían pedido revocar el sobreseimiento por prescripción dictado en primera instancia al delito de amenazas. Los jueces porteños resolvieron que el tribunal jujeño emita un nuevo fallo respecto de esa acusación, con lo cual la condena a Milagro Sala podría ser peor todavía, y llegar a seis años de prisión.

Abogadas y jueces

Las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Paula Alvarez Carreras, defensoras de la líder de la Tupac Amaru y de la también condenada Graciela López, reiteraron ayer que “en nuestro sistema jurídico solo se responsabiliza penalmente por actos, por acciones, por hechos. Y después de leer las 90 páginas de esta sentencia de Casación, seguimos sin saber aun exactamente de qué hecho participó cada una de las personas que fueron condenadas. Qué se le reprocha a cada uno, de qué se los acusa a cada uno”.

Los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani sostuvieron que “si bien la defensa de Sala ha realizado críticas con respecto a los testigos Arellano y Chauque para invocar que sus dichos resultan inverosímiles, no se encuentra en ellas (en las críticas) entidad que impida tener por veraces las manifestaciones que realizaron los mencionados testigos”.

Respecto del hecho de que “Cochinillo” Arellano trabaje para el gobierno de Morales pero mintió en el juicio y negó ese vínculo, que luego sería probado, los integrantes del tribunal concluyeron que eso “no le quita veracidad a su declaración” y “no impacta sobre el núcleo de su testimonio”.