En el marco de la presentación del libro "Derecho a la protesta", Sofía Caravelos, integrante de la organización que trabajó en la iniciativa, destacó la importancia de la protesta social como “una herramienta de supervivencia para hacer valer derechos” en un contexto donde se los vulnera día a día.

“Este capítulo formó parte de un manual de derecho para organizaciones sociales que nosotros sacamos hace varios años. Obviamente las coyunturas van cambiando, aunque algunos marcos normativos se mantienen vigentes. Así que lo actualizamos a partir de este nuevo escenario”, explicó la abogada en diálogo con Radio Futura de La Plata.

A su vez, advirtió que actualmente se apela a las mismas figuras jurídicas que en los ‘90 como “la sedición, la asociación ilícita, las coacciones agravadas”. Y estableció un paralelismo entre la judicialización de las manifestaciones en Jujuy con el modo en que se juzgaba los piquetes en la década del ‘90.

Si bien reconoció que durante el kirchnerismo hubo algunas decisiones políticas en relación a la criminalización de la protesta, los marcos jurídicos no se modificaron con lo cual quedaron habilitados “y eso se echa mano de acuerdo a la realidad política”.

La abogada integrante del CIAJ aclaró que el libro está dirigido a organizaciones sociales y a distintos colectivos pero no a sujetos individuales.  Afirmó que se ofrecen herramientas para  que conozcan “cómo se construyen los procesos de criminalización, qué tipos penales pueden tirarnos por la cabeza cuando protestamos, y qué cosas hay tener en cuenta a la hora de protestar”. 

Caravelos se refirió a los prejuicios y a las críticas que giran en torno a los cortes de rutas y calles. Argumentó que si bien las protestas pueden generar incomodidad para el tránsito, tienen un sentido mucho más profundo. “De ahí surgen derechos que son los que gozamos después todos como colectivo social. Lo vemos como un problema que le pasa al otro, pero después nos beneficiamos todos”, recalcó.

Asimismo, mencionó que los procesos de criminalización de la protesta, no sólo tienen como protagonistas al poder judicial o a las fuerzas de seguridad sino también a los medios de comunicación “que van construyendo ese enemigo de la sociedad, que es judicializable”.

Añadió que los medios van mucho más allá con esta construcción del manifestante al caracterizarlo como “el molesto, el que interrumpe el tránsito, el delincuente  que tiene que ser encarcelado o el que genera actos de corrupción porque está en un movimiento de desocupados y cobra alguna cosa oscura para tener esa organización”. “Así aparece la vinculación de organizaciones política con actos espurios”, denunció. 

Fuente: Farco