Desde muy diversos sectores políticos criticaron el arreglo del Estado nacional con el Grupo Macri por la deuda de una de sus empresas con el fisco cuando el Correo Argentino estaba privatizado, a la cual el gobierno le condonaría el 98 % de lo adeudado. Además, se presentaron distintas denuncias judiciales por presuntos delitos involucrados en el acuerdo, e incluso el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, dijo que “puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias”.

El caso empezó porque el servicio de correos había sido privatizado por Carlos Menem, y la empresa concesionaria -propiedad del Clan Macri- quebró en 2001 y entró en concurso de acreedores. Dieciséis años después, y con Mauricio Macri en el gobierno, el Estado hizo un arreglo para que la firma pague el canon que debe desde entonces, pero en un plazo de 15 años. Esa propuesta fue aceptada, en nombre la parte oficial, por el director general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación y el titular del citado ministerio, Oscar Aguad, por los delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Los dirigentes de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, apuntaron contra Mocoroa, el funcionario que hizo el trato, por haber aceptado el quite de la deuda. Además, solicitaron que se inicie una investigación sobre sus superiores, Aguad y Macri, por los delitos de administración fraudulenta contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Una tercera acción judicial fue interpuesta por el abogado Daniel Igolnikov quien acusa al presidente de la Nación y al ministro de Comunicaciones por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “tráfico de influencias”, al considerar que Mocoroa carecía de competencia para firmar el acuerdo con el Grupo Macri.

Críticas políticas

Mientras desde el Frente para la Victoria se expresaron críticamente diversos diputados, empezando por el presidente del bloque, Héctor Recalde, así como el titular de la bancada de ese sector en la Legislatura porteña, Carlos Tomada (ex ministro de Trabajo de la Nación), también se pronunciaron frente al escándalo legisladores del grupo de Sergio Massa, e incluso la diputado Margarita Stolbizer, habitual aliada del gobierno en su combate contra el kirchnerismo.

Felipe Solá, diputado massista, afirmó que “el Estado le está haciendo un regalo a la empresa de Macri. La fiscal dice que esto es una barbaridad, que afecta el Estado nacional y que beneficia a la familia del presidente", dijo, y tras recordar que “la deuda es de 70 mil millones de pesos”, agregó que “Macri tiene que entender que una cosa es el gobierno del Pro y otra cosa es el gobierno de la familia”.

Para la diputada Graciela Camaño, presidenta formal del bloque que lidera Massa, "parecería que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri". Afirmó además que el caso “tiene el mismo impacto que los bolsones de José López o los videos de 'La Rosadita'”, y que “estas cuestiones no pueden resolverse entre gallos y medianoches con personas nombradas transitoriamente", en referencia a Mocoroa, responsable de aceptar el arreglo.

Stolbizer, en tanto, declaró que "la confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia", y calificó al arreglo aceptado por el gobierno en el marco del concurso de acreedores como “escandaloso, y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar" los actuales gobernantes.

Investigación fiscal

El acuerdo por la deuda de cuando el Correo era privado y lo manejaba el Grupo Macri, durante el gobierno de Menem, fue objetado por la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien en un dictamen dijo que la propuesta avalada por el ministerio de Comunicaciones "es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”, ya que es "equiparable a una condonación de la deuda”.

Boquín giró el expediente a Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), cuyo titular, Sergio Rodríguez, informó que está “analizando todo lo que surge del dictamen, si hubo fraude a la administración pública, o si quién actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia para hacerlo".

Agregó que "si prosperara la investigación preliminar” dentro de ese organismo -que tiene atribuciones similares a una Fiscalía-, la institución “se va a presentar ante el juez federal penal" para iniciar causas por los delitos que correspondieran.