El juez de La Plata Carlos Rozanski, quien en los últimos 10 años tuvo actuación decisiva en el juzgamiento y condena de criminales y también ex funcionarios civiles del régimen militar, renunció a su cargo tras denunciar una persecución política por parte del Consejo de la Magistratura “desde que se comenzó a avanzar en complicidades que excedían a las fuerzas de seguridad” por los delitos de la dictadura.

Tras su desempeño en procesos que fueron históricos, estaba bajo la mira del sector conservador del Poder Judicial, de sus aliados sindicales y del actual gobierno nacional, y en ese marco fue acusado de “maltrato laboral” por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional que dirige Julio Piumato, a lo cual se sumaron investigaciones del mencionado Consejo por “mal desempeño de sus funciones”.

En los últimos tiempos había recibido la solidaridad de figuras públicas como la líder de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Domínguez; y la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout.

El abogado de Rozanski, Eduardo Barcesat, informó que la renuncia "ya fue aceptada", y que el juez decidió "acogerse al régimen jubilatorio porque ya cuenta con los años necesarios de edad y servicio".

El patrocinante legal aclaró que con su retiro la acusación contra Rozanski "se volverá abstracta", pero no sucederá lo mismo con la denuncia penal que el ahora renunciante hizo contra la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura por "resucitar" la denuncia de Piumato, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, a la que consideró "prescripta y archivada".

Como presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Rozanski fue el principal responsable de la primera condena a un jerarca de la dictadura tras la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, cuando en 2006 se emitió el fallo contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, quien fuera subjefe de la Policía bonaerense en la época del terrorismo de Estado.

En esa ocasión, además, el tribunal que él encabezaba sentó jurisprudencia al considerar en la sentencia que los crímenes por los cuales el reo era condenado, habían sido cometidos “en el marco del genocidio” perpetrado en el país desde el golpe militar de 1976 hasta la restauración democrática de 1983.

De reconocida valentía personal y solvencia jurídica para altas responsabilidades públicas en materia judicial, Rozanski fue juez en Río Negro y también era presidente del tribunal cuando recibieron penas de prisión el ex capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires Christian Von Wernich, y posteriormente el ministro de Gobierno bonaerense en la dictadura y además poderoso empresario Jaime Lamont Smart, quien así se convirtió en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad en el país.

En igual sentido, dirigió las audiencias orales y públicas por secuestros, torturas, robos de bebés y desaparición de personas en diversos centros clandestinos de detención durante el terrorismo de Estado, procesos que terminaron en sentencias contra decenas de criminales que pertenecieron a fuerzas militares, policiales y penitenciarias, muchos de ellos en situación de retiro.

El Consejo de la Magistratura, dominado por sectores de derecha, lo estaba investigando por  supuesto destrato a sus empleados, acoso moral, selección de expedientes para su tramitación en detrimento de otros, exceso de licencias y dilación de plazos judiciales, y la Comisión de Acusación y Disciplina había rechazado sus solicitudes de nulidad y archivo de las causas.

Hace 15 días, Rozanski denunció penalmente a los integrantes de dicho consejo por "estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y prevaricato".

En la misma ocasión, afirmó que  cuando en los procesos judiciales por crímenes de la dictadura “se comenzó a avanzar en complicidades que excedían a las fuerzas de seguridad, empezaron este tipo de cuestionamientos para frenar el avance hacia otro sector de la población”.