La senadora nacional Silvina García Larraburu y el diputado Martín Doñate, ambos del Frente para la Victoria y representantes de Río Negro, se sumaron el rechazo que ha producido en diversos sectores la decisión del juez Claudio Bonadío, de ordenar la quema de moisés que fueron construidos para el plan “Qunita”.

Incluso, Doñate anticipó que se presentará ante ese juzgado federal para reclamar que se retrotraiga la medida por la cual se dispuso incinerar los 60 mil kits para bebés, y pedir que se los envíe a la provincia.

"No las prenda fuego Sr. Juez, mande las cunitas a Rio Negro que allí las necesitamos en nuestros hospitales públicos para nuestras mujeres y bebés recién nacidos”, reclamó el diputado.

Recordó que el año pasado se entregaron varios kits en los hospitales  rionegrinos y jamás hubo una sola queja, sino que por el contrario, fue reivindicado por todos los profesionales, especialistas y por las propias madres, que lo recibieron como una ayuda de enorme impacto que mejoró los índices sanitarios para las madres y bebés recién nacidos.

“En mi provincia tenemos un Estado colapsado, que está endeudándose mes a mes para poder pagar sueldos, y los servicios esenciales como la salud pública están sumidos en una crisis profunda, con hospitales abandonados, profesionales mal pagos, sin el equipamiento necesario, sin recursos ni programas”, explicó Doñate .

En el territorio rionegrino nacen aproximadamente 11.500 niños por año, de los cuales aproximadamente el 35% corresponden a madres sin cobertura social. El Programa Qunitas entregó y fueron recibidas en Río Negro, solo desde julio a diciembre de 2015, un total de 1.162 kits. Fueron entregados en ese lapso un total de 982, mientras que para enero de 2016 quedó un stock de 180 kits, según informó el legislador.

Por su parte, la senadora García Larraburu dijo que “es muy grave el hecho simbólico de mandar a quemar moisés y dar fin a este plan, cuyo objetivo era disminuir la mortalidad de los lactantes, con inclusión social y generación de oportunidades”.

Señaló que “la decisión del Juez Bonadio expresa su lejanía con las necesidades de los humildes, porque estos elementos contienen un conjunto de materiales que son sumamente necesarios en el interior profundo” del país.

"No podemos permitir -agregó la legisladora rionegrina- que se desconozcan los derechos de los más vulnerables, porque hablamos de bebés y familias que no tienen acceso a bienes fundamentales para proteger la primer etapa de la vida”.

Los motivos que refirió el Juez de la causa para autorizar la quema, fueron desmentidos por el ex Ministro de Salud, Daniel Gollan, quien advirtió que para dictar la resolución se había manejado tendenciosamente la información.

La decisión también fue objetada por el doctor Alejandro Jenik, autor del informe utilizado para tomar la determinación. El reconocido neonatólogo sugirió que antes de destruir las cunas, debería formarse un equipo interdisciplinario y adoptar una disposición conjunta sobre la factibilidad de salvar las cunas con recomendaciones muy estrictas para el uso de los padres, fundamentalmente que no las usen después de los seis meses.

“Resulta profundamente desolador que se disponga destruir una política pública con semejante impacto y resultados tan concretos. Si la intención legítima fuera proteger la salud de los lactantes, el ministerio de Salud debería disponer mejorar el programa con las advertencias desprendidas, en vez de incinerarlo como si se tratara de drogas o de armas”, finalizó la senadora rionegrina.