Las provincias patagónicas conformaron el Consejo Regional del Derechos Humanos y reiteraron su preocupación por la concesión de arrestos domiciliarios para represores, por los fallos que niegan la calificación de crímenes de lesa humanidad a los perpetrados por las Fuerzas Armadas durante la dictadura y por la situación de violencia institucional en comisarías y penitenciarias del país.

Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra de Fuego, ratificaron así los puntos del crítico documento que firmaron junto a otras siete provincias, a fines de julio pasado pasado tras el encuentro en Tucumán del Consejo Federal de Derechos Humanos.

En esa ocasión, los representantes patagónicos y de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Chaco, y Misiones, cuestionaron también la política tarifaria, los despidos, la intención de avanzar en la flexibilización laboral y la detención de dirigentes sociales como Milagro Sala, entre otros puntos.

El encuentro para conformar el Consejo Regional se realizó en Neuquén y, antes de dar por terminada la reunión, las provincias realizaron una declaración conjunta. Allí ratificaron su compromiso de reconocer como derechos fundamentales el agua, la electricidad y el gas; garantizar el derecho universal al trabajo y la jubilación e “instar a que el Estado sea promotor de valores culturales consecuentes con la Democracia, la Igualdad, los Derechos Humanos y no cómplice del consumismo individualista y la cosificación de la mujer”, entre otros puntos salientes.

Además, manifestaron su preocupación sobre temas, tales como: “la concesión sistemática por parte de la Justicia de arrestos domiciliarios a represores; los fallos judiciales que niegan la calificación de crímenes de lesa humanidad a asesinatos perpetrados por las Fuerzas Armadas en el marco del plan sistemático de exterminio; la cesión de facultades propias de las autoridades políticas al Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o la constatación de violencia institucional en comisarías, procedimientos, penitenciarias, centros de salud mental y atención a adultos/as mayores, en todo el país”.

El ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz, señaló que “el desafío de este encuentro no es solo unificar la mirada sobre los derechos, sino que, por sobre todo, el ciudadano se sienta identificado con el trabajo y aprehenda esos derechos, los tome y se los apropie”.

La subsecretaría Alicia Comelli enfatizó la importancia de que, junto a sus pares de la zona patagónica, “podamos tener un ámbito, con el acompañamiento de la Nación para la búsqueda de políticas comunes y articuladas que tengan un mayor impacto en la sociedad”.

El acta constitutiva establece como puntos más salientes: comprometer la realización del sistema de información periódica de la Nación, promover políticas públicas coordinadas en materia de derechos humanos y realizar acciones conjuntas para impulsar los asuntos de interés patagónicos en el seno del Consejo Federal de Derechos Humanos, los representantes de cada una de las provincias pasaron a elaborar la agenda común.