En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 16 jóvenes prisioneros políticos fueron asesinados y otros tres sobrevivieron con graves heridas al fusilamiento en la base naval Almirante Zar de Trelew. Una masacre que, la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, pretendió presentar como resultado de un inexistente "intento de fuga".

Siete días antes, esos 19 jóvenes no lograron llegar a tiempo para abordar el avión que los llevaría a Chile, en un intento por lograr la libertad. Sólo pudieron escapar de la cárcel U6 de Rawson, la capital de Chubut, seis evadidos: Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna (ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros).

Cercados por tropas de la Armada, los otros 19 militantes, que tras superar imprevistos llegaron más tarde al aeropuerto, aceptaron rendirse después de pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías, en una negociación presenciada por un juez, abogados y periodistas.

El pacto no fue cumplido y los recapturados fueron conducidos a la base Almirante Zar de la Armada. El 22 de agosto, pasadas las tres de la madrugada, fueron fusilados.

Murieron Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana Villarreal de Santucho.

María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Reneé Haidar sobrevivieron con graves heridas y dieron su testimonio sobre estos crímenes, en primer lugar, para el libro "La patria fusilada" de Francisco Urondo, mientras los cuatro estaban todavía presos en la cárcel porteña de Villa Devoto. Berger, Camps y Haidar, igual que Urondo, fueron asesinados durante la última dictadura.

La Masacre de Trelew fue elevada a juicio en 2009 y llegó a sentencia cuatro décadas después, en octubre de 2012, cuando el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas de homicidio.

El Tribunal, para el cual se trató de crímenes de lesa humanidad, absolvió en cambio a Rubén Paccagnini, que era jefe de la base Zar cuando la masacre, y Jorge Bautista, enviado el mismo 22 de agosto para instruir el sumario que sirvió para armar la versión oficial del falso "intento de fuga".

En marzo de 2014, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las dos absoluciones, dejó firmes las penas de prisión perpetua impuestas en 2012 y calificó a los crímenes como "delitos de lesa humanidad".