Desde el 2007 se vienen presentando proyectos de legalización del aborto para que el mismo sea no solo legal, sino que seguro y gratuito, de acuerdo al proyecto que mañana presentarán en la Cámara de Diputados los integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Se trata del séptimo proyecto que se propone; los otros seis fueron rechazados en estos últimos 11 años.

La decisión de habilitar el debate fue del presidente de la Nación Mauricio Macri, luego de la marcha denominada el “Pañuelazo” realizada el pasado 19 de febrero.

En los países europeos -a excepción de Irlanda y Gran Bretaña-, Estados Unidos, Cuba y Uruguay, la despenalización ya es una realidad, pero en Latinoamérica en general el aborto no es legal.

Río Negro es una de las provincias más avanzadas en legislación sobre el tema ya que desde el 2012 rige la Ley 4.796 -reglamentada en abril de 2016- que tiene por objeto la regulación y el control de la atención sanitaria en casos de abortos no punibles.

La mayoría de los representantes rionegrinos en el parlamento nacional coincide en acompañar que se habilite el debate sobre el tema. Algunos sospechan del verdadero interés del oficialismo nacional.

El titular del bloque de senadores del partido Justicialista en el Senado nacional, Miguel Ángel Pichetto, dijo que ‘hay una demanda de un colectivo social que expresa la mujer que es muy importante. Yo he sido uno de los que he apoyado el matrimonio igualitario, en materia de avances, hemos discutido en el ámbito del Senado qué es más importante para el país. Me parece que es legítimo este tema, hay muchas mujeres pobres que mueren”.

“Ahora, es un debate de una profundidad y una magnitud que lo que no tiene que convertirse es en una divisoria de aguas en el seno de la sociedad argentina”.

Agregó que “el tema tiene un contenido religioso y la Iglesia no dará su brazo a torcer, ya que apela a su dogma, pero es un reclamo muy importante que demanda sobre todo el sector que más sufre la problemática y lo que digo es que la envergadura de la discusión es de una magnitud extraordinaria”.

La senadora de RIO, Magdalena Odarda, señaló que esperará el desarrollo del debate para dar a conocer su postura. “Ya tengo posición tomada pero antes de hacerla conocer escucharé a todas las voces que se manifiesten en el debate para enriquecerla con datos científicos y de la realidad social”.

Asimismo, puso un manto de duda sobre el debate al manifestar que “temo que sea una estrategia del oficialismo para correr del ojo de la tormenta las denuncias contra ministros y el brutal ajuste sobre la educación rural en todo el país. La mayoría de los dirigentes oficialistas están en contra”.

La diputada nacional de Cambiemos, Lorena Matzen explicó que en la actualidad "ocurren abortos y las mujeres de menor poder adquisitivo lo hacen de acuerdo a sus posibilidades, muchas veces terminando en una fatalidad".

Consideró que no penalizar a las mujeres que abortan es “un tema de justicia social, dado que los que tienen mejor poder adquisitivo tienen la posibilidad de acudir a sistemas sanitarios, a sistemas con mayor higiene que los que no tienen mejor poder adquisitivo, si tenemos en cuenta lo que ocurre en la actualidad. El aborto por estar penalizado no es que no exista, existe igual y creo que el Estado tiene que ponerle el ojo y darle tratamiento”.

La allense aclaró que está a favor de la vida y por eso quiere la despenalización del aborto. “Me parece que si nosotros lo legalizamos contemplamos todas las posturas, la legalización del aborto incluye todas las posturas, el que no está a favor obviamente tiene la posibilidad de acceder a esos casos”.

Otra interesante cuestión que agregó es la necesidad de cambiar el eje de la discusión, que no sea la pregunta cerrada de aborto sí o aborto no, sino que se tengan en cuenta las implicancias que tiene legalizar.

Al respecto, comentó que al no penalizar el aborto “el Estado se hace cargo, el Estado puede dar un tratamiento integral a la situación y también ese tratamiento integral puede ayudar a disminuir la tasa de abortos que tenemos hoy. Si no legalizamos lo dejamos abajo de la alfombra y si lo dejamos abajo de la alfombra seguirá ocurriendo lo que viene ocurriendo, que se siguen incrementando la cantidad de abortos que tenemos en el tiempo”.

Su par de Cambiemos, el diputado Sergio Wisky, que es médico de profesión estuvo en la misma línea que Matzen e indicó que está a favor de la despenalización y “es una discusión que me parece que es importante darla, porque no solamente vamos a resolver un tema sanitario, sino que vamos a resolver un tema de mucho tabú, de discusión con mucho tabú social y en las discusiones políticas, así que me parece que es fundamental que se dé pero con tiempos adecuados para evitar el tratamiento exprés”.

Incluso el rionegrino presentará en las próximas horas un proyecto de su autoría, con algunos matices que lo diferencian del que presentará mañana el grupo transversal que promovió el debate.

Wisky propone legalizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, coincidiendo con el proyecto multipartidario que encabezan Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Romina del Pla (Frente de Izquierda) y Mayra Mendoza (Frente para la Victoria).

Sin embargo, su proyecto tiene dos aspectos que lo diferencian. Por un lado, se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral y por el otro, contempla un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar.

La diputada por el Frente para la Victoria, María Emilia Soria, habló de la necesidad de una ley factible y realizable como la que se sancionó en 2002 en Uruguay, que contempla la libertad de conciencia del médico y se puede realizar dentro de los primero 12 semanas de gestación.

“Yo soy partidaria de despenalizar el aborto, soy partidaria de una posición intermedia, similar a la ley uruguaya, una ley que ya sabemos cuál ha sido el efecto en la sociedad. Uno generalmente en la prueba y error va tomando nota de aquellos países en los que se ha intentado avanzar o ya lo han despenalizado, cuál fue el efecto”.

Por otro lado, se refirió a la importancia de terminar con tabúes e ideas como que si se despenaliza el aborto “van a salir corriendo las mujeres a abortar y vamos a tener una gran cantidad de abortos y no es así. Justamente lo que nos dijo la ley uruguaya, nos comprobó la ley uruguaya es que no es así”.

Dicha legislación, indicó, apunta a un Estado presente. “Obviamente con el gobierno de Mauricio Macri va a ser imposible. Un Estado presente en el sentido de tratar de disuadir en cierta manera el aborto. Es cierto que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo pero yo no soy partidaria de que un aborto es como sacarse una uña encarnada y hay algunas feministas, algunas corrientes feministas, que lo ven así con una facilidad absoluta, un procedimiento sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguimiento pre y pos aborto”.

Martín Doñate, también representante del justicialismo manifestó que “estoy a favor de una ley que garantice la decisión y libertad de las mujeres en la interrupción voluntaria de su embarazo en las primeras semanas de gestación con prácticas médicas seguras, legales y gratuitas”.

Precisó asimismo que “Los abortos clandestinos son una de las principales causas de muerte de la mujer hoy y las que más lo sufren en una abrumadora mayoría son las mujeres más vulnerables socialmente”. 

La diputada nacional Silvia Horne, dirigente del Movimiento Evita, exhibió su total apoyo, dado que “su penalización cae sobre las mujeres más humildes que no pueden pagar en el privado para llevar adelante una decisión que ya han tomado y que la van a hacer de todos modos”.

Subrayó que “no tenemos datos ciertos porque justamente al ser una práctica clandestina los datos oficiales no constatan, pero sí se puede saber que la mayor causa de muerte de las mujeres jóvenes es durante el período que cursa un embarazo, ya sea porque la interrupción se dio en forma accidental o voluntaria, pero son absolutamente causas evitables”.

Horne también coincide con la opinión de Matzen en cuanto a la justicia social manifestando que “hay que quitarle la penalidad a esta práctica como una política de salud y con el derecho de las mujeres a decidir. Pero este punto del aborto es un aspecto central, por supuesto, pero nos preocupa muchísimo el contexto que rodea la situación de estas mujeres, que tiene que ver con los niveles de pobrezas que se van generando cada vez más y la falta de políticas tanto de educación sexual, que ya no tiene presupuesto, como las de profilaxis en la propia estructura de Salud Pública‘.