El operativo policial comenzó el sábado después de las 21.30 cuando efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento ordenado por la Justicia Federal, con el objetivo de buscar marihuana en las viviendas universitarias que se encuentran en calle Río Negro en el propio predio de la Facultad.

Como resultado del operativo se habrían encontrado plantas de marihuana y elementos de consumo, por lo que se identificó a algunos estudiantes.

La situación, aseguran estudiantes e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos, se desarrolló con una inusitada tensión. Comentaron que los miembros de la fuerza policial rompieron las puertas, no exhibieron las órdenes de allanamiento, mantuvieron incomunicados a los estudiantes y no permitieron el ingreso de los abogados.

“Entraron por la fuerza, esto no es una forma de proceder” aseguró Ana Calafat, docente de la universidad e integrante del Observatorio de Derechos Humanos.

Calafat consideró que “toda esta pantomima que se hizo, con esta celeridad, con un nivel de violencia, con actitudes ofensivas hacia los estudiantes, da lugar a que se plantee una nulidad de todo lo actuado”, expresó y agregó que “todo esto por cuatro plantas de no sé qué...es un hecho irrisorio".

Hay causas gravísimas que ocurren, deberían estar preocupados por cuestiones de drogas enormes.

El decano de la Fadecs, Andrés Ponce de León. expresó junto a su equipo de gestión la “preocupación y repudio por el irregular allanamiento llevado adelante por la Policía Federal que tuvo como resultado el hallazgo de tres o cuatro plantas de marihuana, sin detenciones según informaron fuentes cercanas a la investigación.

El decano universitario destacó que “la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza federal en una palmaria ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior” señaló.

El mencionado artículo expresa que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.”

Desde el equipo de gestión de la universidad también remarcaron que “de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la FADECS, y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes de las Residencias, lo que se agravó por la insólita negativa de los funcionarios policiales de permitir el ingreso de abogados, que además resultan ser docentes de nuestra casa de estudios” expresaron.

Por último exigieron “el inmediato cese de tal accionar irregular por parte de la Policía Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, y solicitamos a los responsables del caso que den las explicaciones ' pertinentes ante la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto” solicitaron a través de un comunicado.

El rector de la UNC, Gustavo Crisafulli, anticipó que hoy se presentará ante la Justicia Federal, y pedirá información sobre el operativo.

Desde el rectorado se indicó que “preocupa y repudian el accionar irregular” de la Policía Federal Argentina y agregaron que “resulta sorprendente la celeridad y la rapidez con que se decidió la intervención de la Justicia en este caso, teniendo en cuenta los seis meses de pasividad absoluta ante la toma de las instalaciones del decanato”.

Desde el gremio docente rionegrino (Unter) también se expresó el repudio al accionar judicial y policial. “Resulta inadmisible vivir en plena democracia este tipo de situaciones, que se suma a la escalada de violencia institucional, avalada por el gobierno nacional y sus gobernadores aliados”, dice el comunicado.

Agrega que “teniendo en cuenta que  la Ley de Educación Superior Nº 24.521 determina en su Art. 31 que ninguna fuerza pública puede ingresar a  las instituciones universitarias nacionales sin orden escrita previa y fundada de juez competente, este hecho solo puede tomarse como un mensaje de amedrentamiento acorde a los tiempos que vivimos en nuestro país, donde desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta el presidente Mauricio Macri, avalan estas metodologías que nos retrotraen a las épocas más oscuras de nuestra historia.

Finalmente Unter dice que “nos solidarizamos con la comunidad educativa de la FadeCS-UNCo y seguiremos en alerta junto a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas unificadas para frenar cualquier intento de avasallar los derechos humanos, conquistados luego de años de lucha, por los que vivieron y militaron 30.000 compañeros”.

Por su parte el sindicato de trabajadores docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) repudió la violencia institucional en el lugar.

Manifiestan que “el procedimiento policial violó los derechos humanos, ya que  estuvo viciado y no respetó la ley ni tampoco el debido proceso legal, se hizo mediante una orden de allanamiento firmada por el secretario del juez federal Greca y no por el juez a cargo, como debe ser y sin notificar a las autoridades de la Universidad”.

Luego de comunicar los acontecimientos manifiestan que nuevamente las fuerzas de seguridad violan todos los procedimientos legales que garantizan los derechos humanos fundamentales y que están contemplados en la Constitución Nacional.