La Legislatura sancionó ayer por unanimidad la ley provincial por la que Río Negro adhiere, de manera parcial, a la norma nacional que instituye el Programa de Recuperación Productiva para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Además, en el inicio de la sesión, el vicegobernador y presidente de la Cámara, Pedro Pesatti, le tomó juramento a Marcelino Jerez, quien asumió la banca del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) que dejó vacante Arabela Carreras, actual ministra de Turismo, Deporte y Cultura de la provincia.

La adhesión al Programa de Recuperación Productiva había sido reclamada públicamente por el presidente Mauricio Macri. El mismo contempla beneficios impositivos que van desde la reducción de la carga tributaria, como en el caso del gravamen a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque), hasta la ampliación del plazo para el pago del IVA hasta 90 días y el diferimiento del pago de Ganancias para inversiones en bienes de capital (maquinaria y nuevas tecnologías).

Con esta norma se adhiere al Registro de Consultores Mipymes en el que deberán inscribirse los profesionales que deseen ofrecer servicios mediante la utilización de instrumentos y programas de la secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, que depende del Ministerio de Producción de la Nación, invitándose a todas las provincias a adherir a dicho registro “para incluir a todos los prestadores de servicios de asistencia técnica de la red”.

El legislador Alfredo Martín (JSRN), señaló que las mipymes representan más del 90 % de las empresas del país, y más de un tercio del total de las fuentes de trabajo, y por tanto las medidas adoptadas redundan en beneficio de los empresarios más pequeños, que pertenecen a la mayor cantidad de las empresas y que tienen con sus trabajadores una relación más directa”.

La legisladora radical Soraya Yahuar, recordó que había presentado un proyecto de adhesión luego de sanción en el Congreso Nacional, y consideró positiva la suspensión de remates judiciales que promueve la ley, así como la eliminación del impuesto a las Ganancias, la compensación de créditos bancarios, y el avance en el fomento y en el desarrollo de inversiones.

Durante la sesión, el legislador del Frente para la Victoria (FpV) Elvin Williams, planteó que en 2016 cerraron 6.800 pymes de la industria y del comercio por la caída del mercado interno, la baja del consumo, el aumento de los costos, la suba de las importaciones, el aumento de las tarifas y las excesivas tasas de interés que afectan el crédito y la inversión.

“Estamos hablando de trabajo, de fomento a las inversiones, de beneficios de carácter impositivo y estabilidad fiscal hasta diciembre de 2018, y de la suspensión de remates judiciales”, señaló Williams, miembro informante del FpV.

El diputado advirtió además que la ley Pyme que impulsa el gobierno nacional no alcanza, “porque no tiene en cuenta los factores reales del sector y solo una mínima parte está pudiendo aprovechar sus beneficios”.

Otra adhesión a una norma nacional

Durante la sesión, la Legislatura rionegrina avaló también un proyecto para adherir a la ley nacional que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue sancionada este año por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se trata del primer instrumento jurídico específico para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en el continente, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Violencia de género

Por último, los diputados provinciales aprobaron también el proyecto de ley que establece que los organismos de la Administración Pública Provincial deban exhibir cartelería referida a la asistencia que se brinda a víctimas de violencia de género.

La legisladora Soraya Yauhar, autora de la iniciativa, consideró que la difusión de información relacionada con las herramientas estatales que están a disposición de las víctimas, es un instrumento fundamental para afianzar la normativa jurídica vigente y promover la lucha contra la violencia de género.