Si bien no lograron sus demandas iniciales de ser incorporadas como empleadas de planta permanente del sector no docente de la Universidad Nacional del Comahue (UNC), afortunadamente las siete empleadas que llevaron adelante la lucha en demanda de su fuente de trabajo lograron finalmente ayer alcanzar ese objetivo.

Fueron 183 días con drásticas consecuencias para el funcionamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs), que tiene sede en General Roca. Ayer, en una reunión desarrollada en la secretaría de Trabajo de Río Negro, se definió que el plantel de trabajadoras en conflicto será absorbido por el Estado rionegrino.

Lo más insólito es que todo se cierra con una resolución que podría haberse tomado a más tardar a una semana, cuando el problema quedó planteado, allá por marzo de este año. Lo también llamativo es que la respuesta surge cuando después de tanto trajinar, la justicia federal había determinado la ilegalidad de la ocupación y el procesamiento de los involucrados, y había descartado el reclamo laboral.

El otro hecho que debe incorporarse al análisis es que cuando solo falta la ejecución del desalojo del grupo de manifestantes que ya parecían desistir del prolongado reclamo, aparece en escena Rodolfo Aguiar y la gente de ATE y en 48 horas logra darle solución a la grave situación en evidente connivencia con el organismo provincial que regula las relaciones de trabajo.

La aparición en escena del gremio de los estatales rionegrinos no fue solo para ofrecer respaldo a las trabajadores y una mediación, sino que el martes, intempestivamente y de madrugada, empezaron a quemar cubiertas en el predio de la casa de altos estudios con sede en General Roca cuando el conflicto, para los directivos de la Facultad, para los alumnos, para la justicia e incluso para los propios iniciadores del mismo, estaba concluido.

ATE destacó luego de la reunión de ayer que fue "un histórico acuerdo que permitió salvar todas las fuentes de empleo". Aguiar dijo que "se demostró que para resolver este largo conflicto no hacía falta desalojo y represión, sino lucha y gestión".

Demás esta aclarar en que todos debemos coincidir en el beneplácito que provoca y el trascendente significado que tiene para el grupo de mujeres que originalmente eran empleados de una empresa con asiento en Rosario, y que luego formaron la cooperativa de trabajo Mariano Moreno, el hecho de que hayan finalmente logrado resolver su complicada situación laboral y conseguido un trabajo que les permita obtener el sustento diario para ellas y sus respectivas familias. Eso no está en discusión. 

Lo que sí nos permitimos evaluar y compartir es si este duro y exageradamente prolongado conflicto con media docena de trabajadoras que ni siquiera percibían sus haberes en la sede universitaria, haya provocado semejante crisis institucional, para luego tener una resolución en tan solo 48 horas.

La pregunta es: ¿fueron necesarios seis meses de incertidumbre, enfrentamientos entre estudiantes y docentes, pérdida de clases, alumnos que desistieron de seguir estudiando en la facultad de Roca, toma del predio y del decanato de la Fadecs, caída de un decano y de su vicedecana, intervención de un juez federal, indudables pérdidas económicas y seguramente otras consecuencias más, todo eso para llegar a esta resolución?

No es lógico que se haya generado y tenido que afrontar semejante crisis, con daños irreparables, sobre todo en el rendimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Posiblemente no surjan respuestas inmediatas, pero lo cierto es que esto no habla muy bien de nuestras instituciones y tampoco, por qué no, de nosotros mismos como sociedad.