El ingreso de manzanas de otros países ha sido, quizás, la gota que rebasó el vaso para agravar la crisis de la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El Senasa estimó que en lo que va de 2017 entraron desde el exterior más de 1.000 toneladas, y otras fuentes responsables calculan cifras aún mayores.

Sumado ello a una combinación de bajos precios, menor consumo en el país, presión impositiva, pérdida de mercados internacionales y heladas el año pasado, se completa uno de los peores momentos de todos los tiempos.

Por lo menos en los últimos ocho años, ha habido una estrepitosa caída de la renta frutícola, especialmente para los pequeños y medianos productores, lo cual afecta toda posibilidad de inversión en las chacras.

Las promesas hechas desde el gobierno nacional se diluyen en el tiempo. Un claro ejemplo es el prometido dinero del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro), que fue formalmente creado y debía financiarse con una parte de la rebaja de las retenciones a la soja, pero que nunca arrancó.

Mientras la naturaleza sigue, lógicamente, cumpliendo sus ciclos, los chacareros, productores, empresarios y gobernantes siguen discutiendo cómo afrontar la gravedad ineludible del problema. Allí aparecen los diagnósticos divididos de acuerdo a la posición que cada uno de los actores ocupe en el sistema.

Diagnósticos y opiniones

Como están las cosas, no se avizora una solución en razón de los posicionamientos de los distintos sectores que integran, o deberían integrar, el complejo frutícola. Los gobiernos, provincial y nacional, coinciden en que el problema es estructural y que hay que solucionarlo.

La provincia presentó en su momento lo conoce como el “Libro Blanco”, que a su juicio es la mejor perspectiva para una salida de la crisis la fruticultura.

Dice Alberto Weretilneck que “es un proyecto distinto y que plantea una reforma estructural. El gobierno nacional vio que si cada uno de los sectores hace la suya, está claro que no puede haber un proyecto integral y lo nuestro era un proyecto integral”.

Agrega el gobernador que “pretendemos que los productores se asocien, que podamos bajar costos, conseguir financiamiento más barato, generar nuevas plantaciones. Si no es así, la Nación no aportará financiamiento”.

Y echa culpas a “la CAFI (Cámara Argentina de Productores Integrados) como la Federación de Productores, que se dedicaron a bastardear el proyecto en Buenos Aires”.

El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, asegura que “no es así. Se presentó un proyecto que nunca fue consensuado con nosotros, que somos los participantes de esta historia, no es que la vemos de afuera. Somos los que realmente tenemos que ir en el cambio y somos los damnificados en todo esto”.

Agregó el dirigente que de todos modos, “tanto la federación como CAFI hemos intentado sumarnos a la propuesta, pero en el mientras tanto la actividad está muy mal y ni Nación ni Provincia cumplen con los compromisos”.

Un productor de Fernández Oro, Carlos Zanardi, dice “ese proyecto del ‘Libro Blanco’ va en contra del sector”, y significa “directamente darle la espalda a la producción”.

Afirmó que Weretilneck se alejó de los productores “al punto tal de que esta nueva federación que se creó en febrero, ha hecho tres pedidos formales de reunión y el gobernador no los ha atendido”.

Para comprender la posición del gobierno nacional nada mejor que las recientes declaraciones del vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, quien dijo que “en el Alto Valle se han quedado produciendo fruta que no es la que hoy pide el mercado” y que su salida es “una gran reconversión de plantas”.

Cuando se le pregunta qué hacer hasta tanto se produzca la pretendida reconversión, el hombre de Cambiemos que es el encargado de resolver los temas vinculados al sector agropecuario dice que “es el mejor momento para usar el ingenio para bajar los costos”.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, había apostado al antes mencionado Fondo Nacional de Agroindustria para mejorar la situación de las economías regionales, pero su par de Economía, Nicolás Dujovne, por el momento no permite disponer de ese dinero.

El decreto de febrero pasado que creó el Fondagro señala que iba a administrar 1.700 millones de pesos. Pero en junio, un decreto con la firma de Dujovne y del jefe de gabinete, Marcos Peña, aprobaron un flujo financiero para 2017 de 1.300 millones, lo que implicó un recorte de 400 millones respecto del plan inicial.

Sebastián Hernández, de la federación de fruticultores, recordó que a mediados de mayo Buryaile anunció un fondo para el Alto Valle de 540 millones de pesos, de los cuales 300 millones iban a salir de ese fondo. “Pasaron dos meses y no tenemos nada, nos dicen que ya sale, que nos van a llamar en breve para ir a firmar, pero no pasa nada”.

El coordinador de Fondagro, Ernesto Ambrosetti, aseguró que en agosto estarán disponibles los primeros 100 millones destinados a la poda de peras y manzanas.

“Por un lado nos dicen que tenemos que reconvertirnos, pero eso está en proceso, muchos productores tienen fruta en variedades y calidad que tampoco tienen mercado. Acá el tema es que los costos laborales y la presión impositiva son del 32 % del precio nuestro, cuando en Chile son del 2 %”, afirmó Hernández.

Como decíamos al principio, la naturaleza sigue su curso y las tareas culturales en las chacras no pueden reprogramarse de acuerdo a las posibilidades financieras del productor o de los gobiernos, lo que complica una vez más a la producción y a la calidad de la fruta, que sigue perdiendo mercados.

Fruta del extranjero

Paralelamente, las importaciones de manzanas continúan creciendo. Según un informe del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), en lo que va del año se compraron 1.022 toneladas, de las cuales 980 vinieron de Chile y el resto de Ecuador y Brasil.

Sí, leyó bien: de Brasil. País que hasta hace dos años era uno de los principales compradores de nuestros productos frutícolas.

Para graficar el fuerte crecimiento del problema, basta decir que a mediados del año pasado esa cifra de 1.022 toneladas era de apenas 23, y en 2015, a esta altura no había ingresado ninguna manzana de afuera.

Otros estudios elevan las cifras de importación de manzanas más todavía, aunque en magnitudes similares. El departamento de Estadísticas e Informes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), publicó que en los primeros cinco meses de 2017 ingresaron 1.240 toneladas, principalmente de Chile.

Esa cantidad implica el 892% de aumento en solo un año. Pero la tendencia alcista es significativamente mayor si la comparación se realiza con 2015, último año del gobierno de Cristina Kirchner, cuando ingresaron del exterior 288 toneladas esa fruta, mientras que en 2014 la cantidad había sido de solo 45 toneladas, según CAME.

Los chacareros especulan que, como va la cosa, este año la manzana chilena que ingresa al país va a llegar a las 5.000 toneladas, lo que sin dudas sería un récord histórico.

Los productores afirman que todo se explica por los altos costos laborales que se suman a la pérdida de mercados, y también a que se fueron grandes empresas exportadoras, como ha sido el caso de Expofrut, lo cual provoca un efecto dominó.

Hugo Muñoz, uno de los propietarios de San Formerio, una empresa frutícola de General Roca, dijo que la situación es por demás delicada y que el golpe más fuerte fue cuando Expofrut se retiró del mercado, ya que la estructura de su empresa estaba preparada para abastecer a esa firma que llegó a comprarle más de 700 mil bultos de fruta.

El titular de la firma que últimamente viene atravesando una verdadera crisis, señala que la situación actual “es insostenible” y que se requiere de la asistencia inmediata del Estado.

Muñoz recordó que el propio presidente de la República, Mauricio Macri, estuvo en la empresa en la campaña electoral de 2015, y que incluso les pidió que “aguanten hasta diciembre”, cuando habría nuevo gobierno. Pero los meses pasaron y el auxilio desde el Estado nacional nunca llegó.

Todo lo contrario,las políticas económicas de las autoridades de la Nación profundizaron la crisis de la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro.

En la campaña, Cambiemos habló exageradamente del estado de las “economías regionales”, cuestión cuyo verdadero objetivo fue luego apuntalar la devaluación y la eliminación de retenciones pensando en la Pampa Húmeda, medidas que se tomaron apenas iniciado el nuevo gobierno.

Menos exportaciones

Un informe del Centro de Estudios Patagonia (CEP) realizado por el economista Claudio Scaletta, destaca que las principales consecuencias de la economía macrista son: la caída de la cantidad y calidad de la producción y de las exportaciones, y la expulsión y desaparición de actores económicos.

También menciona el progresivo abandono de la actividad principal en favor de otras tareas agrícolas de menor valor agregado, como la ganadería o la producción de forrajes, o de actividades extractivas, como la explotación de hidrocarburos no convencionales, en los mismos valles irrigados.

Scaletta detalla que los históricos reclamos de eliminación de las retenciones y devaluación, en la práctica, son infundados. No obstante eso, Cambiemos profundizó esas medidas.

En los primeros 18 meses de la nueva administración, la región del Alto Valle no revirtió el deterioro progresivo que ya mostraba la economía frutícola. Una continuidad que se produjo a pesar de que el nuevo gobierno satisfizo los principales reclamos de política económica sectoriales: una potente devaluación de la moneda de alrededor del 40 %, beneficio cambiario que se sintió de lleno en la primera temporada (2015-16), pero que se licuó ya en la segunda (2016-17) frente a la disparada de los costos internos.

En la primera temporada, el sector recibió también un beneficio concedido sobre el final del gobierno anterior, que fue la reinstauración de reintegros del 8 % a las “exportaciones por puerto patagónico”, es decir las que salen por San Antonio Este. Sin embargo, este incentivo dejó de regir para la segunda temporada.

En contrapartida a los beneficios arancelarios y cambiarios actuó el shock tarifario, con fuerte incidencia en los costos de producción finales de la fruta puesta en destino.

Para graficarlo, el dueño de San Formerio dijo que “la factura de energía eléctrica a principio de este año superó el millón de pesos con la actividad reducida a menos del 50 %. Un año atrás, con la empresa trabajando a pleno, pagamos la mitad”.

En cuanto a las exportaciones, el declive es indiscutible. En 2014 se exportaron 145.034 toneladas de manzanas, en 2015 fueron 104.719, y en 2016 solo 87.708 toneladas. Es decir una merma de 17%. Y en lo que va de 2017 las ventas al exterior llegan a las 41.428 toneladas, o sea una caída del 27%.

Caída del consumo interno

En números históricos el negocio de la fruta movía alrededor de 1.000 millones de dólares, de los cuales alrededor del 60% correspondían a las exportaciones y el 40% al mercado interno.

En el presente, aunque no se dispone del detalle agregado, de la consulta a los actores surge que las ventas al mercado interno mostrarían una caída en consonancia con la contracción del consumo, cuya demanda promedio de los últimos años rondó las 150 mil toneladas anuales de manzanas y entre 50 y 80 mil de peras.

Si bien puedan encontrarse algunas explicaciones climáticas parciales para estos fenómenos, como granizos y asoleados, heladas, etc., la potencia y continuidad de los números también son la expresión de un circuito en declinación.

Basta solo recorrer el Alto Valle por la ruta 22 y apreciar una más que evidente cantidad de chacras abandonadas.

Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, los aportes estatales desaparecieron. Incluso al nivel provincial, como es el caso del seguro contra granizo. Lo mismo sucedió con el apoyo que recibían las cámaras de productores, lo que sumado a la salida de la mayoría de ellos del circuito, se traduce hoy en una virtual falta de representación y resistencia. El Alto Valle se convirtió, para los chacareros independientes, en la tierra del sálvese quien pueda.

Scaletta, en su informe para el Centro de Estudios Patagonia, concluye en que si bien las responsabilidades del ocaso son compartidas entre todos los actores del circuito, el capital comercializador-empacador fue, frente a la ausencia efectiva del Estado, el conductor de hecho del circuito, tarea en la que atento a los resultados, mostró una probada impericia.

Agrega que en segundo lugar las responsabilidades corresponden al Estado, tanto nacional como provincial, por su ausencia de intervención en el problema principal: la formación del precio primario, el mecanismo de extracción de renta.

Los abundantes diagnósticos que explican los problemas por el deterioro agronómico de la producción, el estancamiento de la productividad por hectárea y las modificaciones en los mercados de destino, a las que suman las volatilidades macroeconómicas o cuestiones como la presión impositiva o el acceso al financiamiento, confunden efectos con causas.

Si el precio de la primera venta no alcanza para conseguir la reproducción simple del capital, todo el edificio se derrumba.

Mirando al futuro, sin rentabilidad primaria no se podrán atraer ni sostener las inversiones imprescindibles para el sostenimiento del circuito en el tiempo. Conseguir rentabilidad primaria demanda cambiar el sistema de comercialización, una tarea que debe ser asumida por el sector público.