El viernes se realizó en Villa Regina una concurrida asamblea de productores convocada por la Federación que los agrupa en Río Negro y Neuquén. Definieron pedir la renuncia del ministro de Agricultura, Alberto Diomedi y respuestas en un plazo no mayor de 15 de días a los petitorios realizados a los gobiernos provincial y nacional. En función de las respuestas que obtengan se prevé el inicio de un plan de lucha.

Al ministro lo acusan de haber retenido durante cinco meses un aporte de 10 millones de pesos que realizó el gobierno nacional para asistir a productores afectados por granizo el año pasado.

Una vez conocida la acusación hacia el funcionario el gobierno la rechazó por injuriosa y falsa y explicó que los 10 millones de pesos transferidos por el Gobierno Nacional fueron abonados a los beneficiarios afectados por el granizo.

Agrega el comunicado oficial que desde su transferencia hasta el pago efectivo, los fondos no estuvieron bajo la responsabilidad administrativa de Diomedi, ya que la gestión estuvo a cargo de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Economía, cuando el actual ministro no ocupaba su cargo.

En el transcurso de la asamblea y de que se explicaron las gestiones que en los últimos dos meses y medio realizó la conducción de la entidad ante los gobiernos provincial y nacional, se avaló el pedido formulado al gobierno nacional para la entrega de un fondo compensador que totalizaría unos 1.200 millones de pesos, para cubrir las pérdidas que este año tuvieron los productores con la cosecha de peras y manzanas.

No obstante y más allá del aval, se acordó continuar con otra serie de planteos referentes a lograr una baja de las cargas impositivas, avanzar en la discusión para lograr un valor de referencia para la fruta, plantear la necesidad de un valor diferencial de los combustibles para el agro, y la elaboración de manera urgente de un censo para determinar la cantidad de productores en actividad y las hectáreas en producción.

La asamblea entró en cuarto intermedio, dado que por un lado se fijó un plazo de siete días para tener respuesta a los pedidos al gobierno provincial, y de 15 días para que Nación dé su respuesta a los planteos realizados por los productores para asistirlos en la situación de crisis que atraviesan en este momento.