El Frente de mujeres de la Cámpora integrado por concejalas de Bariloche, Choele Choel, Cinco Saltos y militantes de diferentes ciudades de la provincia pidieron la renuncia del legislador Rubén López, de Juntos Somos Río Negro, denunciado por abuso sexual y es investigado por la justicia provincial.

“Ningún funcionario público, de ningún poder del Estado, debe permanecer en su cargo cuando está acusado de abusar o ejercer violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijeron en un comunicado. 

Por otra parte repudiaron la actitud y respuesta del gobernador Weretilneck al referirse al tema, y sostienen que el mandatario “relativiza la magnitud del delito en cuestión manifestando que “es un tema privado, no político”.

Afirma las mujeres que “muy por el contrario a esto, afirmamos que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un problema público, no sólo porque el acusado es un funcionario de gobierno, sino porque todos y todas somos parte de los mecanismos de reproducción de este flagelo”.

Agregan que “los intentos de justificación, además de volver cómplice a quién los pronuncia, muestra a las claras la naturalización de la violencia y la desigualdad que sufrimos a diario las mujeres”.

La agrupación dice que “el gobierno provincial viene demostrando la falta de interés y voluntad política de llevar adelante una verdadera política pública de género que ayude a erradicar las violencias” lo que ha generado que “Río Negro tiene de los indicadores más alarmantes de Argentina; supera en un tercio a la media del país por femicidios”.

Afirman que “si en Argentina muere una mujer cada 30 horas en Río Negro registra una cada 26 horas. Según la encuesta que mide la violencia machista, que realiza el colectivo Ni Una Menos, en Río Negro arrojó por ejemplo que un 100% de las encuestadas mencionaron que fueron víctimas de acosos tanto en espacios públicos como privados”. 

Finalmente proponen un proyecto de ley que entregaran a legisladores del Frente para la Victoria en el que proponen que “para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, será una condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra una mujer, niños, niñas y adolescentes, como a cualquier miembro de su familia”. 

 Se agrega que “cuando el autor o responsable con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes o alguien de su familia, sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere”.  

A efectos del cumplimiento de la ley se creará en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer un registro de Antecedentes por Violencia de Género y Familia.