El 14 de julio desapareció el policía Lucas Muñoz en Bariloche cuando iba a tomar turno a la comisaría 42. Casi un mes después, el 10 de agosto, su cuerpo apareció con un disparo en la nuca y otro en la pierna tirado en un descampado.

Hoy a más de dos meses del hecho no hay si quiera sospechosos del homicidio. A los días de sucedida la desaparición fueron detenidos cuatro efectivos policiales por una causa paralela por irregularidades en la investigación, dos de ellos quedaron en libertad en las últimas horas.

Hoy familiares y amigos de la víctima vuelven a marchar en Bariloche para, según dicen “exigir justicia”. Agregan que “no queremos policías corruptos, no queremos jueces incompetentes, ni gobernantes incapaces”.

Hubo varias líneas investigativas y muchos interrogantes, pero a la fecha casi ninguna repuesta.

Lamentablemente no es la primera vez que en Río Negro, y particularmente en Bariloche suceden este tipo de horrendos hechos, que van quedando impunes.

Y todos, salvo su familia o los más allegados, que hoy mantienen viva la exigencia de la búsqueda de la verdad y por supuesto el eterno recuerdo del policía muerto el resto de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, nos vamos alejando del conflicto y el tiempo va borrando o disipando la gravedad de lo acontecido.

Y con ello se van perdiendo las líneas de investigación, se hace más difícil encontrar los caminos hacia el esclarecimiento, se va perdiendo el interés en el proceso y también pasan a segundo plano las responsabilidades de los funcionarios.

La  purga policial ordenada por el gobernador que separó a 8 oficiales y 4 suboficiales no logró romper, si es que lo había, un pacto de silencio dentro de la fuerza y sigue su trámite interno, sin saberse si efectivamente hubo encubrimientos.

La muerte del policía afectó sin dudas la gestión del gobierno. Weretilneck venía edificando una buena relación con la sociedad barilochense, cuestión que no había sucedido con sus antecesores, pero la muerte del policía y la falta de respuestas alteró ese principio de confianza que se había generado.

Mientras la familia Muñoz sigue reclamando y realizando marchas, no se observan ni en el Ejecutivo ni en la Justicia mucho dinamismo y el tiempo juega a favor de algunos y en contra de otros.

Mientras tanto se sigue hablando de la existencia de una fuerte presencia del narcotráfico en San Carlos de Bariloche, la connivencia o vinculación policial, la existencia de  una aceitada organización que controla la droga y la prostitución, zonas liberadas, complicidad y un sinnúmero de especulaciones que merecerían al menos una fuerte planificación de estrategias, al solo efecto de determinar que son solo eso, especulaciones.

Y si lo son, hay que accionar rápidamente para que la ciudad más importante de la provincia no siga los pasos de lo que comenzó como una especulación y hoy se convirtió en lo que es, por ejemplo la ciudad de Rosario.

No puede existir inoperancia o simplemente desconocimiento de los poderes del Estado que se deben ocupar de los ciudadanos. El tema no admite dilaciones. Se debe conocer de inmediato las circunstancias y los motivos de la muerte del joven oficial de policía y si el desenlace fue motivado por los elementos que comentamos se debe actuar con celeridad.

Ojalá que solo sea una especulación. Pero ya hay varios indicios que indican la posibilidad de que Bariloche por lo que significa turísticamente, por su vinculación con los jóvenes, por la conformación de su entramado social, por otros casos similares como el de Micaela  Bravo, porque lidera el ranking de llamadas de denuncias al 0800 DROGA desde que se habilitó y por estas “especulaciones” en torno a la muerte del policía Muñoz, esté siendo blanco de un negocio nauseabundo, horrendo y mortal.

Bariloche no sólo es lo que se ve desde el Centro Cívico o desde el Catedral. Bariloche también es la zona del alto a unos seis kilómetros del centro de la ciudad donde existe un verdadero drama social, en el que viven 65.000 personas que para algunos observadores tiene la dinámica del conurbano bonaerense, sin el aspecto edilicio de una villa clásica de esa zona, pero seguramente con los mismos problemas y ahí está enclavada la Comisaría 42 en la que trabajaba Lucas Muñoz.

De ninguna manera en este comentario se trata de criminalizar la pobreza, solo establecer un alerta de que se está ante la presencia de un lugar como Bariloche donde confluyen una serie de factores comunes que en el mundo suelen generar el caldo de cultivo para la existencia del narcotráfico y que consecuentemente los indicios deben ser atendidos con la responsabilidad y seriedad que el caso requiere.