Martín Alvarez, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur), aseguró que “el fracking es una técnica de gran impacto y que la provincia no estaba preparada para poder afrontarlo”, porque no tiene “una estructura necesaria para hacer los controles y las fiscalizaciones”.

Alvarez puso como ejemplo de los problemas que genera la explotación de hidrocarburos no convencionales a “los basureros petroleros” y a “la incertidumbre por lo que ocurre en Sauzal Bonito con la actividad sísmica”.

Consideró que desde las autoridades del área de Medio Ambiente “hay control pero poco, es escaso”, y en general se hace “por declaraciones juradas de las empresas”. Afirmó que “el primer impactado” por la actividad “es el trabajador petrolero”, y “vemos cada vez más accidentes, más muertes obreras”.

Explicó que como las comunidades mapuches habitaban tierras fiscales y es el Estado quien entrega las concesiones para la explotación hidrocarburífera, actualmente ocurre “que las empresas están legales, y los que vivieron toda la vida en ese territorio pasan a ser ilegales”.

Advirtió sobre “la estigmatización, persecución y judicialización que lleva adelante la provincia”, y que durante el gobierno de Mauricio Macri “fue acompañada con la creación del enemigo interno y la militarización por parte de Gendarmería en toda la zona”, dijo Alvarez.

-¿En estos años de fracking en la provincia, se incrementaron los accidentes ambientales?

-Claramente. En principio lo que ha pasado es lo que veníamos advirtiendo antes de comenzar la actividad, que es que este paquete tecnológico del fracking es una técnica de gran impacto, y que la provincia no estaba preparada para poder afrontarlo. Como política pública, desde la provincia se impulsó (la explotación en) Vaca Muerta y desde Nación en su momento también, sin tener una estructura necesaria para hacer todo lo que son los controles y las fiscalizaciones. Entonces nos encontramos con una subsecretaria de Ambiente que no estaba en las condiciones para lograrlo. Y hoy, con todo el tiempo transcurrido, luego de tener más de 30 áreas concesionadas y con varias ya en explotación a escala masiva, nos seguimos encontrando con problemáticas que (la autoridad pública de) Ambiente no está pudiendo controlar. Un punto de esto son los basureros petroleros, que en estos últimos dos años han sido un gran conflicto. Además de eso, estamos teniendo en esta falta de políticas públicas hacia la prevención, cuestiones muy sensibles como por ejemplo con la incertidumbre con lo que está ocurriendo en Sauzal Bonito con la actividad sísmica. Incertidumbre que hoy la tenemos producto de que los estudios que se realizaron previamente, de desarrollo a escala masiva de actividad no convencional con la técnica de fracking, no previeron los estudios sísmicos. Entonces, hoy tenemos que estar haciendo los estudios sísmicos a futuro, ya con una actividad sísmica muy acrecentada. Esto es algo que en Estados Unidos venía ocurriendo. Nosotros, permanentemente, al momento de dar la discusión con la provincia, decíamos ‘veamos a EE.UU pero no veamos solamente ese lado’, de la inversión, de la renta, de la infraestructura. Es decir, ‘no vayan a Houston solamente a ver el desarrollo que pueden generar con Vaca Muerta, sino también miren el nivel de impacto y traten de prevenir’.

-¿Cómo es la relación de las autoridades de Medio Ambiente de la provincia con las empresas y la actividad?

-Hay control, pero hay poco. Es escaso. Mucho es a declaración jurada de las empresas. Mucho de los grandes accidentes se logran conocer, pero muchos de los incidentes se conocen por los propios trabajadores. Recordemos el caso de Bandurrias, fueron los trabajadores quienes filtraron la información, y recién ahí YPF declaró a los días el accidente. Esto es un patrón muy común, que está ocurriendo. En Allen, con la actividad no convencional ocurrió lo mismo. Es todo a declaración de las empresas. La fiscalización se hace, pero es poca. Es casi nula. No tiene la cantidad de instrumentos, no tiene la cantidad de trabajadores y técnicos para poder hacerlo. Es decir, tenemos un desarrollo muy grande y no solamente en la cuestión ambiental. Hay una cuestión muy grave respecto de quien es el primer impactado, no solamente en términos de contaminación sino también en términos en cambios de reglas en el ámbito laboral, que es el trabajador petrolero. Vemos cada vez más accidentes. Muertes obreras. Todo eso debería estar con en papel mucho más presente del Estado, sin embargo no lo está.

-¿Qué pasa con las comunidades mapuches o con quienes viven en los alrededores de Vaca Muerta?

-Es una relación muy asimétrica. Recordemos que gran parte de las comunidades mapuches estuvieron toda la vida viviendo sobre territorios fiscales, entonces es el Estado quien entrega las concesiones y termina ocurriendo en el territorio algo muy particular: las empresas están legales y los que vivieron toda la vida en ese territorio pasan a ser ilegales. Esto se está dando mucho y la política por parte del Estado provincial no ha sido de comenzar a regularizar todas esas situaciones, sino todo lo contrario. Recordemos que el ex gobernador (Jorge) Sapag, antes de dejar el mandato, abrió un fideicomiso para poner todo ese territorio de tierras fiscales y que sean ellos los que cobren la servidumbre. Hoy están las comunidades siendo impactadas, siendo contaminadas, no recibiendo compensaciones por todo eso, y en una situación de conflicto permanente que lleva a situaciones más graves como por ejemplo a esta estigmatización, persecución y judicialización que se lleva adelante por parte de la provincia, pero que en este caso de gobierno de Mauricio Macri, fue acompañada con la creación del enemigo interno que terminó con la militarización por parte de Gendarmería en toda la zona. Recordemos el caso de (la comunidad) Campo Maripe, en el cual inclusive existió un fallo donde se le prohibió entrar bajo la figura de flagrancia, pero Gendarmería estaba ahí presente.

Por Mauricio Rojas