El director del Instituto Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados, Gustavo Lucero, es objeto de cuestionamientos por un grupo de integrantes del instituto, que pidieron por nota que su cargo y el resto de la conducción sean sometidos a la opinión de una asamblea que los convalide o reemplace. Lucero opinó que se trata de cuestiones “privadas y no institucionales”.

La misiva ingresó en el Colegio de Abogados el 7 de julio y será analizada por el Consejo Directivo, luego del receso de invierno que hoy culmina.

En ella se fundamenta el pedido de revocatoria porque los firmantes no se sienten “representados” por Lucero “en razón que el mismo tiene actitudes autoritarias que no representan nuestras posiciones, y existe un constante maltrato hacía los pares, con comentarios despectivos hacía los hombres y misóginos respecto de las mujeres, que trasuntan cuestiones personales del nombrado, que nada tienen que ver con lo institucional y profesional”, cuestionaron los abogados en la nota.

Aseguraron que la actitud del ex abogado de la policía de la provincia de Neuquén “ha llevado a la salida de varias integrantes del Instituto, que se han sentido afectados y desconsiderados frente a esos malos tratos y la constante toma de decisiones unipersonales del director, que más tienen que ver con apetencias personales que con cuestiones profesionales y académicas compartidas”.

Pero no es este el único motivo de discordia. La carta pide que Gustavo Lucero no opine de la reforma procesal penal que se discute en la Legislatura “en nombre del Colegio de Abogados”, sino representándose “solo a sí mismo, porque los profesionales no nos identificamos con sus ideas y comportamientos, ni lo hemos elegido para eso”.

Consultado por , Lucero aseguró desconocer la existencia de la carta y se negó a realizar comentarios sobre los hechos, sobre los cuales opinó que se trataban de cuestiones “privadas y no institucionales”.

Tampoco se refirió a las diferencias sobre la posición del Colegio con respecto a la reforma procesal penal que discute la Legislatura ya que, dijo, “esa posición está presentada por escrito con aval del instituto” que dirige.

El sub director, Diego Piedrabuena, lo contradijo y aseguró a que “hay posiciones diversas con respecto a la reforma de la prisión preventiva. Esas disidencias son importantes porque enriquecen el dictamen, él (Gustavo Lucero) armó un dictamen propio y está presentado en el Consejo Directivo. Probablemente lo intenten llevar como que es la opinión del instituto y eso es mentira, es la opinión de él”.

“Con el tema de la prisión preventiva, la mayor parte no está de acuerdo con que deban hacerse grandes cambios. Hoy está bien regulada, ya que se abarcan todos los supuestos que se quieren imponer” afirmó.

Luego que el Consejo Directivo trate el tema, se podrá conocer la posición oficial del Colegio de Abogados.