El Partido Justicialista celebró ayer su congreso provincial en Neuquén capital. El cónclave aprobó, por unanimidad, la incorporación a la carta orgánica de la manda dictada por la ley 27412, de paridad de género en cargos electivos y partidarios. Para el presidente del cuerpo deliberativo, Fabricio Torrealday, alineado con el sector que lidera el sindicalista Sergio Rodríguez y alejado del kirchnerismo, “hubo uniformidad, se plantearon cuestiones de índole metodológico pero todos los compañeros congresales estuvimos de acuerdo en que hay que incorporar el contenido de la ley a nuestra carta orgánica”.

Señaló, respecto de la actualidad política que “el peronismo tiene que mostrar esta unidad porque son más las cosas que nos unen, que las que nos separan. Los tarifazos, la precarización laboral, los despidos, son arte y obra del gobierno de Mauricio Macri y sus ministros CEO”. Según su razonamiento, es “desde ahí que podemos lograr las coincidencias partidarias, que son necesarias para mostrar de cara a las elecciones de 2019, la unidad de criterio y unidad de acción”.

En el mismo sentido opinó el presidente del partido, Darío Martínez. Para el legislador nacional, “el peronismo tiene que ponerse los pantalones largos para cuidar a los trabajadores, a los jubilados, y la unidad ya no es una opción sino una obligación”.

Aseguró que “el Consejo nacional que también integro, la semana próxima, discutirá esa cuestión. Y en Neuquén el peronismo tiene que ser el eje de una gran frente que le ponga un freno a Macri, porque acá le está yendo muy mal a los neuquinos. Los peronistas tenemos la obligación y la responsabilidad de conducir ese proceso”.

En el congreso, las mujeres agrupadas en “Empoderadas”, acercaron un pedido a los congresales, para incorporar, también en la misma sesión, un artículo que impida a las personas acusadas de abuso o violencia de género, ocupar cargos partidarios y/o electivos.

El texto acercado por las mujeres, que no fue finalmente incorporado porque no estaba en el orden del día, pero que quedó como compromiso de todos los congresales plantea que “no podrán permanecer en funciones aquellos afiliados que ostenten cargos partidarios o electivos y ejecutivos de gobierno y sean denunciados en el marco de la ley nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.