“Estamos reclamando que identifiquen al agresor y las responsabilidades políticas del violento desalojo y represión a los trabajadores de MAM, que todavía sigue llena de policías, mientras debería estar llena de trabajadores y esa fábrica en marcha”, reclamó el diputado provincial Raúl Godoy durante la presentación del escrito ante la fiscalía de Neuquén para exigirle al fiscal Vignaroli el avance de la investigación.

El diputado del Frente de Izquierda indicó a que “es un atentado político grave que tiene que ver con aterrorizar a los trabajadores para que no se manifiesten cuando están violando sus derechos, y atenta contra el derecho al reclamo por nuestro trabajo”.

Acompañaron a Godoy la diputada porteña Myriam Bregma, las abogadas del diputado Natalia Ormazábal, Mariana Derbi y Mariano Pedrero, las Madres de Plaza de Mayo, representantes de Canuco, la APDH Neuquén, la Corriente Militante por los DDHH, referentes de Aten provincial y capital, integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén y la Pastoral de Migraciones, entre otros.

“El arco político que participó es muy importante”, agregó Godoy y remarcó que “se tiene que atender esta causa porque si no estamos al borde del encubrimiento”.

Myriam Bregman señaló que el “ataque deliberado que recibió Raúl Godoy es parte de un ataque que está recibiendo todo aquel que se manifieste junto al pueblo en las calles” y es “una metodología que el gobierno está imponiendo” porque cree “que con este método va a parar el reclamo”.

Y agregó que el gobierno de Neuquén “está a tono con lo que Cambiemos está haciendo a nivel nacional y no es casualidad que se hayan reunido con Patricia Bullrich para recibir instrucciones directas del gobernador Gutiérrez”.

Firmaron también el documento los diputados Angélica Lagunas (FIT) y Santiago Nogueira (Libres del Sur); los concejales Cecilia Maletti (Libres del Sur) y Marcelo Zúñiga (Unidad Ciudadana).

Zúñiga destacó que el país vive una “situación muy compleja y delicada” y consideró que “está en riesgo el estado de derecho en la medida en que el Estado abandona sus funciones de bregar por el bienestar de la población y lo único que ejerce es la coerción a través de la represión a la protesta social”.

La secretaria adjunta del gremio docente, Susana Dellariva, manifestó que “estamos en un contexto donde cada vez hay más violencia ejercida desde el Estado que se ha ido acrecentando desde la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel y la represión a los trabajadores de ATE”; por lo que “es importante exigirle a los poderes de la provincia que cese la represión” y que dejen de “judicializar las causas sociales porque se nos viene un año 2018 muy difícil donde vamos a tener que estar en la calle intentando frenar los ajustes del gobierno de Macri”.