La decisión del juez federal Claudio Bonadio de ordenar el procesamiento y la prisión preventiva de varios funcionarios del gobierno anterior por la firma del acuerdo de entendimiento con Irán generó múltiples repercusiones en los políticos de la provincia.

El recientemente electo diputado nacional por Unidad Ciudadana, Darío Martínez, calificó de “disparate” y de un “mamarracho jurídico” las órdenes de detención de Bonadio, porque “puede discutirse la constitucionalidad o no de una ley, pero nunca una ley puede ser considerada un delito”.

Martínez responsabilizó al presidente “Macri” de ordenar a “Bonadio que cometa la tremenda injusticia de detener a Cristina, sin ningún fundamento, basado en una novela, y en el expreso y manifiesto odio que ese juez le tiene a Cristina, con una decisión persecutoria y que no se ajusta a derecho”.

“El gobierno macrista pretende generar un hecho de gran conmoción pública” para intentar que “el pueblo se distraiga y no preste atención a los desastrosos proyectos” de reforma laboral, previsional y fiscal que pretenden imponer”, expresó el diputado electo por Neuquén.

El Frente Neuquino, que encabeza Ramón Rioseco destacó en un comunicado “la cacería de opositores” que “lejos de ser una acción judicial que respete la garantía del debido proceso, parece responder a una estrategia del poder político y económico gobernante, para dar un escarmiento a todo aquel que pudiera actuar como oposición política”.

Para la coalición política del ex intendente de Cutral Co, si se siguiera la lógica del juez Bonadio que pidió la detención de Cristina, Zannini y D´Elía, también “debería incluir el procesamiento a todos los senadores y diputados nacionales que votaron a favor del Memorándum”.

“No es nueva la metodología de criminalización de este gobierno, que ya la ha desplegado con trabajadores, pueblos originarios y otros opositores”, remarcaron y agregaron que “las consecuencias de esta utilización política del poder judicial y del poder mediático, son tan ilegales como peligrosas para un país republicano y democrático”.

La senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell, se mostró “prudente” en sus declaraciones a , cuando dijo que “que no se deben violar las garantías constitucionales de las personas, no hay que prejuzgar y no hay que referirse a cosas en las que uno no tiene la cantidad necesaria de información para tener una posición”.

“En relación al procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la verdad es que tengo que leer la causa, los actos realizados por el juez; no voy a hablar sin saber”, definió Crexell y sostuvo que “la justicia tiene que expedirse y uno tendrá que atenerse a lo que dice”.

El abogado neuquino y profesor de Derecho en universidades latinoamericanas Pablo Gutiérrez Colantuono definió lo ocurrido en el día de ayer como encuadrable “dentro del fenómeno del Lawfare”, que implica “el mal uso y abuso de la aplicación e interpretación de la ley con fines políticos”.

Para el abogado neuquino, hermano del gobernador Omar Gutiérrez, en estos casos “la finalidad política aparece explicando la razón de las decisiones judiciales y no el derecho”; lo que genera “un quiebre lógico jurídico”; que “desplaza la actividad sugestivamente hacia el denominado estado de excepción, o hacia aquello que nosotros identificamos como zonas de no derecho dentro del Estado constitucional de derecho”.

“Los derechos fundamentales constituyen un patrimonio común de la sociedad, lo cual no puede estar jamás al servicio de las ideologías dominantes”; concluyó Colantuono.

El presidente del bloque de legisladores provinciales del Frente Para la Victoria, Guillermo Carnaghi planteó que éstas medidas carecen de cualquier “fundamento legal y son un atropello a la democracia y al estado de derecho”.

“Hoy todos los opositores vivimos en libertad condicional, se busca aniquilar a la oposición política como se borró del mapa a todas las voces críticas en los medios de comunicación”, manifestó el diputado.

Desde el Frente de Izquierda, Raúl Godoy, señaló que como consideran que “todo ataque a las libertades democráticas siempre terminan siendo contra el pueblo trabajador” repudiaron “las detenciones y el pedido de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

“Somos una fuerza política que se ha enfrentado al gobierno de Cristina pero no somos oportunistas, lo que están haciendo no tiene nada que ver con lograr justicia en la causa AMIA; lo que están haciendo hoy es lisa y llanamente una persecución política a la oposición”, remató el diputado provincial.

Marcelo Zúñiga, concejal electo por Unidad Ciudadana, señaló a que “es un intento de impedir que Cristina asuma como senadora y que haya una voz en el Senado que le ponga freno a todas estas atrocidades del macrismo”.

Y agregó que “el ataque se debe a dos cuestiones, por un lado a distraer la atención de nuestro pueblo frente a la situación económica y social que se está viviendo” y por el otro surge de “la necesidad del gobierno de aprobar la reforma laboral, previsional, y tributaria”.