Abogados de la Ceprodh junto a la Corriente de Militantes por los DDHH, que encabeza Oscar Ragni, realizaron una presentación pidiendo la revocatoria y el rechazo de la decisión que firmó el juez Eugenio Krom el 1 de agosto autorizando al represor condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura Jorge Molina Ezcurra al régimen de “semi libertad” que le permitiría dejar la prisión domiciliaria para trabajar en una empresa privada.

Natalia Hormazábal, del Ceprodh y abogada querellante en las causas de la Escuelita, describió que hicieron ayer “una presentación rechazando y pidiendo al tribunal que dictó la medida que revoque esta decisión por entender que es inadmisible un privilegio de este tipo para quien fuera integrante del destacamento 182 de Neuquén y participara activamente del circuito represivo en la región”.

Molina Ezcurra fue oficial de Inteligencia del destacamento 182 Neuquén en 1976 y 1977 y uno de los interrogadores en “La Escuelita”.

“Es completamente inadmisible, dijo Hormazábal a , y destacó que “ya estaba gozando de una prisión domiciliaria que es un extremo de beneficio para cualquier imputado procesado y condenado por delitos de lesa humanidad”, por lo que “otorgar un régimen de semi libertad es otorgar la libertad lisa y llanamente”.

Molina Ezcurra está cumpliendo su pena en prisión domiciliaria, beneficio al que accedió luego de cumplir 70 años y se encuentra condenado en tres causas por delitos de lesa humanidad en la región; a 21 años en 2008 y en 2012, y a 10 años 2015; y está procesado en dos nuevos tramos que se elevarían a juicio próximamente.

Para la abogada de Ceprodh, “desde todo punto de vista es un retroceso, y nos obliga a todos los que peleamos durante tantos años, a redoblar los esfuerzos para lograr cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”.

“Nos parece una burla y un despropósito este fallo porque lo que hace es clarificar lo que venimos denunciando hace muchos años los organismos de derechos humanos; que estos genocidas, aún los condenados, no sólo los impunes, terminan siendo mano de obra suelta de un aparato represivo que continúa en funciones”, completó Hormazábal y agregó que “muestra de ello es que la Gendarmería secuestró en un operativo represivo a Santiago Maldonado y lo desapareció hace más de 15 días”.

Lolín Rigoni, la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, expresó que “el fallo de este juez es una burla” y afirmó que “el Poder Judicial se ha transformado en algo dependiente de los gobiernos de turno, y está claro que siempre han actuado sin ser totalmente independientes”.

“Está comprobado que fue partícipe en delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, secuestros; es un peligro, aunque digan que está en un cuarto sin ventanas”, señaló Rigoni en diálogo con .

Los organismos de derechos humanos de Neuquén, emitieron ayer un comunicado del que también participaron Zainuco; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, e Hijos. Alto Valle; donde expresaron que el fallo “es una provocación, provocación que genera repudio, rechazo, indignación; pero también enérgicas respuestas ante esta decisión de inequidad; injusticia grande e impunidad”.

“No podemos aceptar que el genocida Molina Ezcurra que hizo uso de su derecho a defensa (derecho que no tuvieron los 30.000) y a otros inadmisibles beneficios logre ahora este insólito régimen de “semi libertad”, apelando el juez “a razones de humanidad y Derechos Humanos”, descartando los riesgos que provocaría su presencia física en la sociedad”, concluyeron.

Hormazábal destacó que no conoce “muchos antecedentes de esta modalidad” de semi libertad y “en la región no hay ninguno”.

Molina Ezcurra solicitó a través de su defensa este beneficio para poder costear algunos gastos con un sueldo como administrativo en una empresa de seguridad que se llama Segurcien, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Estos fallos alientan más impunidad, y es un mensaje no sólo para los genocidas sino para toda la sociedad, de que ellos entran por una puerta y salen por la otra; y aún los que están con prisión domiciliaria se les otorga esta libertad para salir a trabajar entre comillas”, concluyó la abogada.