“Ante la falta de respuesta del gobierno a nuestro reclamo resolvimos movilizarnos junto a organizaciones solidarias el día miércoles 15 de febrero”, indicó Marina Catilao, delegada de las obreras textiles, y agregó que van marchar a Casa de Gobierno y luego a la subsecretaría de Trabajo “para exigir que dejen de mirar para otro lado y tomen las medidas necesarias para que los Huerta restituyan las máquinas que compraron con un crédito del Iadep, que sigue impago, para volver a trabajar”.

Las obreras informaron que ATEN Capital va a convocar a un retiro para que los docentes se sumen a la marcha y le van a solicitar a ATE y la CTA que también las acompañen; como ya se comprometieron organizaciones estudiantiles, políticas, gremiales y de derechos humanos.

Un día antes, el martes 14, van a realizar un “maquinazo” frente a la casa de Gobierno donde van a “a sacar a la calle máquinas para coser pecheras para los niños y niñas del Parque Industrial, y sabanitas para pediatría del hospital”.

“Queremos decirle al gobierno que en esta provincia hace falta una fábrica como la nuestra para producir uniformes para los trabajadores del Estado, sábanas, delantales; es una fábrica que tiene que seguir funcionando y ponerla al servicio de las necesidades de la comunidad”, sentenció la delegada de Textil Neuquén.

Catilao señaló que “es impresionante el apoyo de la población a nuestro reclamo” por lo que van continuar informando a la comunidad sobre el conflicto en la Fiesta de la Confluencia para que “colaboren con nuestro fondo de lucha, porque esta pelea por la defensa de nuestros puestos de trabajo la vamos a seguir hasta el final”.

Ayer se conoció la notificación del fiscal Marcelo Jara, quien decidió archivar la denuncia de los dueños de la textil por usurpación de la fábrica.

Mariana Derni, abogada de las trabajadoras, explicó que “el fallo se expide claramente respecto a los elementos que configuran lo que el Código Penal define como delito de usurpación” y agregó que “el fiscal destaca que no constata la inexistencia de roturas o fuerza alguna en el portón de ingreso así como que las obreras ingresaron a la fábrica sin practicar violencia contra el personal de seguridad”.

“El fiscal concluye que la situación de la ocupación no reúne los requisitos típicos previstos y reprimidos por el art. 161 del Código Penal, ya que el inmueble es el lugar de trabajo de las obreras y el ingreso a la fábrica tiene por objeto un reclamo gremial que debe dirimirse en instancia ajena al fuero penal”, destacó Derni.