Apenas 24 horas después de haber presentado un pedido de enjuiciamiento contra la presidenta del Tribunal de Impugnaciones de la provincia, Florencia Martini, a raíz de unas declaraciones periodísticas donde la funcionaria judicial evaluó en forma crítica la reciente reforma del Código Procesal Penal; el diputado denunciante, Claudio Domínguez (MPN), desistió de la medida.

La explicación que publicó el sitio web del bloque del oficialismo indica que Domínguez evaluó que “la jueza (Martini) pudo explicar por distintos medios periodísticos que sus declaraciones habían sido mal interpretadas”.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas por aportaron otra visión. Según se supo, el propio hermano del gobernador, Pablo Gutiérrez Colantuono, expresó que el enojo de los diputados del oficialismo era excesivo y que el pedido de juicio político no tenía argumentos jurídicos que lo respalden.

La palabra que el hermano Gutiérrez Colantuono expresó ante un reducido grupo de confianza se sumó a una serie de declaraciones que defendieron la actuación de la jueza y que amenazaban con convertir en bochorno lo que se pretendía como una reprimenda.

Los miembros del tribunal que Martini preside se expresaron en solidaridad con sus dichos, al igual que el reconocido abogado Gustavo Vitale. En el ámbito legislativo, la primera en reaccionar fue la diputada Nanci Parrilli, pero estaban haciendo cola varios opositores, entre ellos los representantes de la izquierda y de los bloques que integran Cambiemos.

En un comunicado difundido por el Tribunal de Impugnación y firmado, entre otros, por el juez Alejandro Cabral, se afirmó que “el Jurado de Enjuiciamiento tiene por finalidad remover a los miembros del Poder Judicial por razones de comprobado mal desempeño. No, en cambio, para transmitirles a los jueces la intranquilidad de que en lo sucesivo deben adoptar las decisiones que más satisfagan los deseos de una de las partes o de la opinión pública, por más comprensibles que éstos aparezcan, ya que de lo contrario no se podría cumplir con el objetivo de “justicia” que debe primar en cada decisión judicial”.

“Por ello, rechazamos enfáticamente que se propicie en forma ligera la promoción de un Jurado de Enjuiciamiento basado en la publicación de un producto periodístico, a partir de una interpretación mal intencionada del diputado, en tanto la magistrada no dijo que no aplicaría la ley sino que remarcó la ausencia de efectos jurídicos de las normas incorporadas, lo que había sido anticipado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales al afirmar la innecesariedad de la reforma”, concluyeron.

El defensor oficial, Gustavo Vitale, sostuvo que “esos pedidos son una verdadera forma de intromisión en otros poderes del Estado (o en otros órganos del poder estatal) y, lo peor, una intromisión amenazante, que tiende a lograr que otros miembros del poder judicial apliquen cualquier ley, por más inconstitucional que fuera”.

Razonó que con el pedido de enjuiciamiento “se pone en juego la verdadera independencia judicial. O cumplo con la amenaza o me expongo a un peligro de juicio político”.

La misma idea de disciplinamiento por la vía de la represión judicial expresó la diputada provincial por el FpV, Nanci Parrilli. La legisladora afirmó que “se amenaza en forma velada y directa a los resortes más sensibles de la democracia, que amparan la libertad de expresión y el disenso de ideas”.

Convocó “a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil a estar atentos para defender la democracia y la independencia de poderes en la provincia”, al tiempo que anticipó que harán “todas las acciones políticas y judiciales necesarias para frenar este atropello”.

Parrilli también interpretó que el avance contra Martini se explicaba “por su condición de mujer”.

Pero no fueron los únicos que se encontraban incómodos ante esta situación. No todos los diputados y diputadas del bloque del oficialismo comulgaban con la acción emprendida por Domínguez y acompañada por su par Encarnación Lozano. Ni siquiera el gobernador Omar Gutiérrez, que se escabulló con sigilo cuando los periodistas quisieron consultarlo al respecto.

En definitiva, no debe descartarse que el “apremiador” se haya visto apremiado, tanto por las consecuencias institucionales que su pedido podría haber desencadenado, como por las derivaciones políticas de lo que era visto mayoritariamente como una “bravuconada”.