Cipolletti es una ciudad ordenada, dicen. Y la comparan con Neuquén. Quizá tengan cierta razón  pero si en algo se parece la ciudad rionegrina con la capital de la provincia de al lado es en la cantidad de personas viviendo en condiciones precarias. Algunas estimaciones indican que el 20% de la población de la ciudad vive en esos asentamientos.

En Cipolletti, como en Neuquén, las tomas se cuentan por decenas y por miles la gente que las habita. Son un fenómeno que tiene múltiples explicaciones pero que, sencillamente, les permite a las familias acceder a un pedazo de tierra donde, en el futuro y dificultosamente, podrán construir una vivienda, el legado para sus hijos. De otra manera les es imposible ya que el mercado inmobiliario y de la tierra se disparó a valores insostenibles para los sectores populares.

Las estadísticas oficiales son esquivas a la hora de reflejar esta realidad. Pero, en la ciudad rionegrina se estima que hay unas 4.000 familias viviendo en unos 30 asentamientos distribuidos en la periferia, la mayoría, y en lugares poco aptos, como las tierras aledañas a las vías del ferrocarril, algunas.

Todas las tomas comparten las dificultades de acceso a los servicios básicos como el agua y la luz, redes que construyen los mismos habitantes sin la asistencia o la anuencia del Estado. La consecuencia es la precariedad en las condiciones de vida y la exposición a innumerables riesgos. Los incendios por la recarga de los cables eléctricos es uno de los más temidos.

Números absolutamente conservadores establecen que alrededor del 20% de la población de Cipolletti vive en algún asentamiento precario. En la ciudad no hay terrenos fiscales, por lo que las tomas siempre se ubicaron en tierras cuyos propietarios (o herederos de los propietarios originales) reclaman su devolución.

Este hecho no es menor ya que fue el argumento principal del ex intendente y ahora gobernador, Alberto Weretilneck, y de sus sucesores para restarles ayuda y una solución a las personas que viven en los asentamientos. “Los terrenos son privados, sus dueños hicieron las denuncias correspondientes y el tema lo debe resolver la Justicia. Si yo intervengo (por ejemplo llevando leña, arreglando las calles o buscando una solución a los tendidos eléctricos) podría enfrentarme a un problema legal”, fue el argumento que más o menos de esta manera, utilizaron desde las áreas gubernamentales y al que también recurre ahora el intendente cercano al Pro, Aníbal Tortoriello.

“Fueron a buscar plata a Buenos Aires para la regularización de los servicios pero esos aportes no son para los barrios judicializados sino para los históricos”, explicó la dirigente Lila Calderón, de la toma Barrio Obrero. Marcó así la diferencia que existe entre los asentamientos anteriores a la década del ‘90 (ya están considerados barrios dentro del ejido de la ciudad), y los más nuevos. “Nosotros les respondimos con una movilización que terminó con el compromiso del Concejo Deliberante de debatir la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de las tierras donde están las tomas”, explicó Calderón. “Se supone que lo iban a hacer el jueves pero llamativamente la presidenta del deliberante, María Eliza Lazaretti, se tomó vacaciones”, agregó.

“Pasan los años y nosotros seguimos igual. Mal con el tema de la luz, inundadas las calles por la lluvia y sufriendo, sobre todo en el invierno”, detalló.

Tortoriello, que tuvo como uno de los ejes de su campaña la regularización de los asentamientos, no avanzó más que sus antecesores. Según Calderón el intendente apuesta a la negociación con los propietarios para llegar a un acuerdo. “A la ley de expropiación no le dan mucha importancia. El tema es que nosotros no estamos de acuerdo  con las negociaciones porque si aceptás la compra de la tierra estás avalando una estafa a los vecinos”, argumentó la dirigente. El problema con el que se enfrentan es la decisión de los dueños de establecer precios demasiado altos por los terrenos.

Motivos y consecuencias

La primera toma, de una oleada que se repetiría intermitentemente cada dos años, fue en 2003 con Antártida Argentina y San Sebastián, que son las únicas que lograron una respuesta, se urbanizaron y se conformaron como barrios. Ese mismo año se produjo la de Ferri (un barrio rural), que fue desactivada con promesas tan incumplidas que la misma gente volvió al lugar en 2009. Poco después surgió la más grande hasta hoy que es barrio Obrero donde viven cerca de 600 familias.

Antes, en 2005 fue La Ribera y en, 2007, La Esperanza y La Vía. En 2012 se ocuparon los terrenos de lo que hoy es 2 de febrero y 10 de febrero, entre las que tuvieron más repercusión. Pero, hay otra veintena de tomas, que surgieron entre el 2003 y la actualidad: Martín Fierro; Bicentenario; Los Sauces; Las Cabañas, Auca Liwen; Isla Jordán, Del Trabajo, sólo por mencionar algunas. 

En casi todos los casos, los ocupantes originales, los que iniciaron los asentamientos, son hijos de las familias de los barrios cercanos.

Las tomas son, como en la mayoría de las ciudades donde ocurren, un espacio de disputa política compleja.

Políticos, dirigentes sociales, organizaciones no gubernamentales, iglesias, cada uno con sus intereses particulares, pugnan por entrar en los asentamientos: las miles de personas que viven pueden ser futuros votantes, fieles, posibles sujetos de ayuda solidaria.

Son también espacios que quedan al margen de la ciudad y que se hacen visibles cuando sus habitantes reclaman por la regularización o por ayuda social; en definitiva, por mejores condiciones de vida, por ser reconocidos como ciudadanos con derechos plenos.