Tal como denunciáramos en la campaña, cuando los candidatos del oficialismo lo negaban, pasadas las elecciones de medio término el gobierno profundiza el ajuste. Las reformas tributaria, laboral y previsional que propone Cambiemos constituyen una brutal transferencia de ingresos de los sectores medios y más vulnerables hacia los más ricos.

De esto se trata la “reforma permanente” anunciada por el presidente.

El peso del ajuste caerá sobre las espaldas de los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social: jubilados/as, pensionados/as y beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo/a, asignaciones familiares y pensiones no contributivas.

En efecto, la fórmula con la que hasta ahora se actualizan en marzo y setiembre de cada año las prestaciones de la seguridad social asegurando un aumento por encima de la inflación y el aporte al crecimiento de la economía, será reemplazada por una que genera un claro perjuicio a aquellos beneficiarios.

La fórmula actual, establecida por ley en 2009, se compone en un 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el otro 50% de la variación de la recaudación fiscal.

Con este sistema, se logró un aumento en las jubilaciones del 950% entre marzo de 2009 y setiembre de 2017, de modo que el monto de las jubilaciones mínimas resultan actualmente de $7.246.

De haberse aplicado en este mismo período la fórmula que propone el gobierno de Macri (ajuste por inflación) el haber jubilatorio mínimo sería hoy de $5.470. Es decir, un 25% menos.

Maquillaje de último momento

El dictamen de mayoría del Senado firmado el pasado jueves salió con una modificación de la fórmula originalmente propuesta por el PEN. Se estableció que un 70% fuera por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INDEC y un 30% por el RIPTE.

Esto arroja una diferencia ínfima. Las proyecciones para la jubilación mínima nos muestran que en marzo próximo:

• Con la fórmula de movilidad que rige desde 2009, sería de $8.115;
• Con la propuesta de Macri, sería de $7.620;
• Y con la modificación sugerida por Pichetto y aprobada en comisión en el Senado, $7.660.

El último cambio, que se presentó como un gran avance, representa una diferencia insignificante: alrededor de $40. O, explicado de otra manera, en lugar de quitarles $495 por mes, “solo” les quitarán $455.

Además, debemos contemplar que la inflación de los jubilados es superior al IPC general, por la mayor incidencia que tienen los costos en servicios de salud y los servicios públicos. A eso hay que agregar que el PAMI redujo sustancialmente sus prestaciones y la cobertura de medicamentos, muchos de los cuales comenzaron a ser pagados del bolsillo de los mismos beneficiarios del sistema previsional.

A esta altura, aún sin los cambios que quieren hacer, el empobrecimiento de este sector es evidente. Sumémosle la posible baja en los ingresos y tendremos un resultado que nos retrotrae, como mínimo, una década.

No lo esconden los funcionarios y ha sido publicado en todos los medios: el ajuste de 100.000 millones de pesos que necesita el gobierno para pagar el año que viene los intereses de la deuda externa que ellos contrajeron, saldrá del bolsillo de los jubilados y demás beneficiarios del sistema de seguridad social.

Con elocuente sinceridad, la vicepresidenta de la Nación mostró el pensamiento del gobierno: “los jubilados ganan demasiado”.

Nuevamente las recetas del FMI

En el proyecto de reforma tributaria ingresada al Congreso el pasado 13 de noviembre se reducen las contribuciones patronales mediante un sistema de montos mínimos que aumentan progresivamente hasta el año 2022. En nombre de una “reducción del costo laboral” para aumentar la competitividad de la economía, se produce una transferencia de fondos que venían sosteniendo al sistema jubilatorio y las demás prestaciones hacia las grandes empresas.

Mientras que se desfinancia adrede al sistema jubilatorio, se abre una puerta para elevar la edad de jubilación (a 70 años), con el argumento de que es la manera de hacerlo sostenible. No lo acepta el gobierno, pero este plan sigue al pie de la letra las históricas recomendaciones del FMI que jamás tuvieron como objetivo reducir las desigualdades.

Si de lo que se trata es de contribuir al bienestar de la población, es hora de poner en valor la progresiva redistribución del ingreso que se logró en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aplicando políticas opuestas a las que propone Cambiemos.

A partir del año 2003, se incrementaron los haberes jubilatorios, se incluyó a miles de ciudadanos con la moratoria previsional logrando la universalización del régimen jubilatorio y se recuperó el sistema público de reparto que había sido privatizado con las AFJP.

Se universalizó también el régimen de asignaciones familiares por hijo y por embarazo, extendiéndose a los trabajadores informales, lo que permitió reducir sustancialmente la pobreza y la indigencia en esos sectores.

Con un mercado de trabajo en crecimiento se redujo la desocupación y el trabajo informal al tiempo que se fortaleció el sistema de seguridad social con recursos financieros propios: aportes y contribuciones de los trabajadores activos.

Poco a poco se fue construyendo un sólido piso de protección para nuestra población más vulnerable, lo que contribuyó a disminuir la desigualdad.

El sistema de seguridad social es una formidable herramienta para la distribución equitativa del ingreso. Para el logro de una sociedad más justa.

Con los cambios que el Senado se dispone a aprobar esta semana, el ajuste caerá inmediatamente sobre las espaldas de los jubilados y de los menos favorecidos, las consecuencias no tardarán en ser visibles.

El ciclo nuevamente se revierte en dirección hacia la desigualdad.