Una de las claves que dejó el vacuo discurso presidencial en el Congreso de la Nación la semana pasada fue la intención de avanzar con lo que el gobierno denomina un “nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”. Mauricio Macri no dio mayores precisiones al respecto, sólo remarcó la necesidad de dar un “debate serio” e incluso se cuidó de evitar una referencia explícita a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Es que luego de haber impulsado una mesa de diálogo con especialistas a principios de enero para avanzar sobre el tema, el Ejecutivo tuvo que volver sobre sus pasos y atenuar al menos sus declaraciones sobre este punto ante un importante sector que se pronunció por el “No a la baja”, frente a posiciones residuales que la defendieron.  No obstante, la iniciativa del oficialismo continúa intacta dado que el proyecto les resulta redituable en términos electorales. Hace tiempo que el tema de la inseguridad está instalado en la sociedad, fogoneado a su vez mediáticamente.

De este modo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, continúa intentando apuntalar la iniciativa aunque con mayor sutileza. En diálogo con radio Rivadavia el funcionario señaló que el gobierno sigue evaluando la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los jóvenes “para hechos muy graves como homicidios y violaciones”.  En su reciente paso por Mendoza, señaló que "los jóvenes son víctimas y victimarios”, en una franja que va de los 13 a los 28 años. "El crecimiento del delito básicamente es un fenómeno urbano, asociado al coeficiente Gini, que mide desigualdad, no pobreza. Cada vez vivimos en centros urbanos más juntos donde la desigualdad es más visible, más palpable”, añadió.

En sintonía, el secretario de Política Criminal, Martín Casares, señaló que el gobierno ya tiene avanzada la redacción de un proyecto para enviar en los próximos meses al Congreso. El mismo incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallados culpables de delitos "gravísimos".  “Vamos a bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos, contra la vida, la libertad, y los delito sexuales, pero también va haber muchas medidas alternativas", dijo Casares al confirmar el propósito oficial pese a la rotunda negativa de los especialistas a la baja.

"Sólo en los casos muy graves se prevé el encierro pero dentro de un sistema muy especializado. Esa escala de penas cumple además con la Convención de los Derechos del Niño, de que los menores no pueden tener ni condenas a prisión perpetua ni las mismas penas que los adultos", anticipó dando a conocer los argumentos con que intentarán dar batalla para aprobar la normativa.

Según Silvia Guemureman, socióloga y coordinadora del Observatorio de Adolescentes y del Grupo de Estudio sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para delitos graves, constituye una “avanzada hacer entrar por la ventana lo que no pueden hacer entrar por la puerta”. La investigadora que participó del debate propuesto por el ministerio de Justicia hace unas semanas señaló: “Los que estuvimos ahí aceptamos la convocatoria de buena fe y esperamos que se acepten los resultados”.

“El tema de qué es la gravedad o no, es una vara que va a ser absolutamente de aplicación discrecional. Es complicado el tema de qué valorás”, argumentó y analizó: “Obviamente esto es un modo de hacer entrar el tema de la baja”.

La especialista remarcó que el proyecto sigue siendo “regresivo”, al tiempo que continúa desconociendo profundamente los acuerdos internacionales ya que se baja de un estándar adecuado. “Justamente lo que hablan los tratados es de ir subiendo progresivamente las edades”, explicó.

En coincidencia, a abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni, integrante de la red Argentina No Baja y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) consideró que cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad. "Sería un retroceso, no se puede regresar de un derecho ya adquirido", expresó.

Pese al abrumador rechazo de  la opinión especializada, el gobierno confía en que podrá sumar a la fuerza parlamentaria de Cambiemos, el respaldo del bloque que responde a Sergio Massa, quien incluyó de manera distintiva la baja en la edad de imputación penal en su plataforma presidencial del 2015.

Para el secretario de Política Criminal, "es probable que haya una ley altamente consensuada salvo en ese punto" de la edad de imputabilidad, donde -según admitió- hay visiones ideológicas muy diferenciadas". "Todos estamos de acuerdo en un régimen de protección integral, en derogar el decreto de la dictadura que fija el régimen tutelar, en que haya una justicia especifica y medida alternativas a la privación de libertad, de justicia restaurativa, conciliación y trabajos sociales que le fije condiciones a los chicos", sostuvo Casares.

Sin embargo, quienes están en contra de la baja advierten que es contradictorio intentar zanjar una ley de la dictadura cívico-militar y, por otro lado coincidir en la baja de la edad de punibilidad, que fue lo que hizo la propia dictadura al bajarla a 14 años para luego volverla a subir. 

Por otro lado, Casares indicó que "el principal consenso es que el marco de la ley penal es la prevención fijada por ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que el Estado debe prevenir el delito juvenil mediante políticas públicas de desarrollo social, educación y salud". 

Si se tiene en cuenta la crisis económica y social que se profundizó a partir de la llegada al poder del gobierno de Cambiemos donde el ajuste y el desmantelamiento de políticas públicas está a la orden del día, este punto ya estaría en franco incumplimiento.

La opinión especializada se plantó

En la última de ocho mesas de discusión sobre la reforma del régimen penal juvenil convocadas por el ministerio de Justicia, el gobierno se llevó la sorpresa de que 34 de los 40 oradores presentes se opusieron de manera tajante a bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De los seis restantes, sólo dos defendieron esa opción y los demás quedaron indefinidos.

Entre los detractores de la idea, hubo representantes de la Defensoría General de la Nación,  la Sociedad Argentina de Pediatría, la Procuración Penitenciaria, funcionarios de varias provincias y Unicef cuya representante, Florence Bauer, alertó sobre el riesgo de una discusión apresurada y el tratamiento de edad como un factor aislado cuando no puede desconocerse el contexto.

La Mesa 8 fue la última y la más concurrida de las previstas en el proceso de consulta. La acompañó una copiosa manifestación de organizaciones que defendían enfáticamente la consigna de “No a la baja”.

El “No a la baja” engloba  colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de la asimilación entre punibilidad (conducta susceptible de aplicar pena) e imputabilidad (capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes).

Del lado del “No a la baja de punibilidad”, la mayoría advierte sobre el funcionamiento real del sistema penal y las consecuencias del ingreso al mismo como “un auténtico viaje de ida” ya que no cumple con el objetivo de reinsertar socialmente a las personas. “La mayoría de los chicos que llegan al sistema penal que es selectivo, son los chicos que vienen con derechos vulnerados desde la cuna. Lo que se les debería ofrecer son políticas públicas y sociales, es decir, acciones positivas y proactivas para que no lleguen al sistema penal porque ahí no pasa nada bueno”, aseguró la socióloga Silvia Guemureman. Y añadió: “Si bajas la edad de punibilidad lo que vas a tener es más pibes encerrados, se va a legalizar una criminalización que se da de hecho. La policía los hostiga, los persigue, produce detenciones que a veces son arbitrarias. Eso lo hace y no es legítimo”. “Si bajas la edad, eso se va a legitimar”, alertó. 

A su vez, entre quienes sostienen el no a la baja, están las posiciones vinculadas a una psicología del desarrollo y las neurociencias que fundamentan las carencias y deficiencias no hacen conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan a las doctrinas del discernimiento.

Guemureman diferenció ambas posturas al explicar que una cosa es concebir al niño como sujeto y titular de derechos y otra como un asistido, un menor o un beneficiario al que hay que tutelar.

En las antípodas, están aquellos que propician la baja de edad de imputabilidad/punibilidad declarándose “garantistas a ultranza”. La Doctora Laura Musa,  ex diputada y ex Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires es una de las exponentes de esta posición que postula que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden pasar, y que entonces, meterlos en el sistema penal es dotarlos de garantías.

Desde “Argentina No Baja”  la abogada Claudia Cesaroni refutó este planteo al manifestar: "Ese es un argumento pseudogarantista que es falaz. Es verdad que el decreto 22278 permite la actividad discrecional de los jueces, pero también es cierto que por encima de esa norma hay leyes superavanzadas como la Constitución Nacional y los tratados internacionales".

Discrepancias entre la “sensación” mediática y las cifras

Los jóvenes y la infancia en los medios no suelen tener buena prensa, especialmente si pertenecen a sectores vulnerables. Cada vez que aparece un caso resonante muchos de los titulares, sócalos y comentarios se apresuran a condenar antes que llegue el fallo judicial.

“Cayó el asesino de Brian: tiene 15 años y sus padres lo habían ayudado a escapar. Se llama igual que el adolescente al que mató el sábado en Flores”, fue el título y la bajada de un conocido diario que, sin esperar resoluciones de la justicia dictó sentencia en sus páginas pasando por alto la protección de identidad de los menores tal como lo exige la ley 20056. La normativa prohíbe la difusión de “sucesos referentes a menores de dieciocho años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos”. Obviamente no fue el único medio de comunicación que cubrió el tema de esa manera.

El polémico caso Brian fue precisamente el que reflotó el proyecto para bajar la edad de castigo penal a menores que cometen crímenes. A fines de diciembre de 2016 el asesinato del chico de 14 años en el barrio de Flores conmovió a la sociedad y volvió a poner el tema del delito juvenil y la inseguridad en la agenda mediática. Aprovechando el impulso, días después, el ministro Garavano, anunció la intención del Gobierno de comenzar a discutir un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad.

En medio de un clima caldeado por los despidos, tarifazos y altos índices de inflación, los niños y adolescentes se convirtieron en una cuestión de Estado: un chivo expiatorio, catalizador funcional y distractor de problemas estructurales pateados debajo de la alfombra. El síntoma se transformó en causa como si, además, se tratara de un tema cuantitativamenteexorbitante. 

En diferentes intervenciones mediáticas, Gabriel Lerner, ex secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ex titular de la Sedronar y miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo, sostiene que la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil carece de bases verificables. Incluso en uno de sus textos (“No aumenta (por ahora) el delito adolescente”) cita el libro "¿Qué Hacer con la Justicia Juvenil?" escrito por Mary Beloff –según él- la jurista que más sabe de derecho penal de “menores” en la Argentina. “En su trabajo, Beloff reproduce estadísticas reveladoras, de origen oficial, publicadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Publico nacional”, contextualiza Lerner para luego dar paso a un punteo estadístico que muestra que la incidencia de los delitos cometidos por menores de 18 años es pequeña en relación al total de las causas penales y que además la tendencia es decreciente.

“Según la Corte Suprema, en el año 2007 en la ciudad de Buenos Aires se abrieron un total de 233.867 causas penales, de las cuales 6.056 (2,59% del total) correspondían al fuero de “menores”. Cinco años después –2012, último dato publicado de esa serie- el total de las causas fue de 176.422 y las de pibes y pibas menores de 18 años 4.414 (2,50%). De ese cotejo se desprende que el total de las causas del fuero de “menores” se redujo en un 7% mientras que en esos 5 años el porcentaje de delito adolescente no tuvo variaciones significativas (%2,59/%2,50)”,  precisa Lerner y continúa: “Los datos del Ministerio Público -también para la Ciudad, con otra modalidad de cómputo- revelan que el número total de causas penales en 2007 ascendió a 239.014, mientras que los expedientes cuyas aperturas fueron motivadas por delitos presuntamente cometidos por adolescentes fueron 6.905 (2,88%). Ocho años después, en 2015, el número total de causas abiertas fue de 204.158, mientras que el total de las causas abiertas a adolescentes llego a 3.179 (1,56%). En primer lugar aparece una clara reducción del peso relativo de las causas de “menores”; por otra parte aparece una fuerte reducción absoluta en el numero de causas, que se reducen un 54% en 8 años”.

Lerner también cita cifras de la  provincia de Buenos Aires, donde el tema inseguridad  y delito adolescente es de alta sensibilidad social. A partir de los datos arrojados por el Ministerio Público se desprende que “en el periodo 2009/15 la incidencia del delito adolescente se redujo un 17% pasando del %4,34 al %3,59 del total de los ilícitos; por otra parte, el total de procesos abiertos a menores de 18 años se redujo un 7,5%, casi 2.200 IPP menos entre el primero y el séptimo año de la serie”, explica.

En concordancia, la socióloga y plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires en representación de la Legislatura, Florencia Gentile, sostuvo en una nota de Ámbito Financiero que "la baja de la edad de imputabilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años en general y más por menores de entre 14 y 16 años -la franja de los que ahora no son punibles- es ínfimo".

“El gobierno -en un contexto de malestar social generalizado, en particular por el descalabro económico-social de su gestión- ha echado mano de alternativas inspiradas en la “demagogia punitiva”. El desdén por los datos estadísticos -su ocultamiento, incluso- o el de la opinión de quienes trabajan con adolescentes infractores es prueba de que no existe el mismo compromiso con los eventuales beneficios o perjuicios que ese cambio pueda acarrear para la población en general y los chicos y chicas en particular”, argumenta Lerner y advierte: “Va a depender, entonces, de la oposición y de los múltiples actores sociales, judiciales, académicos, militantes por los derechos de chicos y chicas que el debate que el gobierno quiere llevar al Congreso se nutra de datos y experiencias acreditables y deje atrás eslóganes tramposos y reduccionistas construidos para asustar y engañar a millones de compatriotas”. “Deberemos demostrar, por ejemplo, que en los últimos 10 a 15 años no ha habido aumento ni del volumen ni de la incidencia de delitos cometidos por chicos y chicas menores de 18 años; y que fueron las políticas educativas, sanitarias, de protección las que explican esos datos. No es casual que quienes hoy desmantelan esas políticas sociales nos ofrezcan a cambio mano dura para la adolescencia pobre”, concluye.